BURGOS INÉDITO. LAS HUELGAS DE BURGOS UN PEQUEÑO ESTADO. -Por Francisco Blanco-

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A finales del siglo XVI, el florentino Giovanni Aldobrandini, cardenal de la curia romana y  sobrino carnal del Papa Clemente VIII, opinando sobre la Abadesa de Las Huelgas dijo: “Si el Papa hubiera de casar, no habría mujer más digna que la Abadesa de Las Huelgas”.  

No estaba pensando en matrimonios el rey de Castilla D. Alfonso VIII cuando, a instancias de su esposa Doña Leonor de Plantagenet, a principios del año 1187 decide fundar un monasterio femenino cisterciense, para las damas de la nobleza, en unos terrenos de su propiedad, situados en la fértil vega burgalesa, en la ribera izquierda del Arlanzón, a unos tres kilómetros de las murallas de la ciudad de Burgos.

Obtenidas las correspondientes licencias papales y la confirmación apostólica concedidas por el papa Clemente III, el día 1 de junio del mismo año, en la ciudad de Burgos se procede a la redacción de su Carta Fundacional, en la que figuran sus correspondientes privilegios y donaciones:

“………..Y mandamos que todas las haciendas permanezcan perpetuamente libres y exentas de todo otro yugo, gravamen o paga y de toda entrada de Merino u otro Ministro de justicia… Item, ordeno y mando que dicha Abadesa y convento no paguen en mi reino portazgo alguno de todas las cosas que compraren y vendieren y que los ganados propios del Monasterio y de sus granjas, tengan pasto libre en todos los montes adonde los ganados del Rey deban tenerlos y no paguen montazgo alguno y que las cabañas del Monasterio, su Compás y Granja tengan el mismo fuero y coto que tuvieren las cabañas del Rey.

Y les concedemos que puedan cortar y traer leña, vigas y demás madera que hubieren menester en todos los bosques y lugares que se corte para obras del Palacio del Rey…..Y si alguno de nuestra sangre o extraño a ella, osare quebrantar o disminuir en alguna cosa esta nuestra carta de donación y privilegio, incurra plenariamente en al ira de Dios Todopoderoso y sea condenado como Judas el traidor a las penas infernales, y demás de esto pague al Rey, en pena, mil libras de oro y restituya doblado al Monasterio el daño que le hubiera hecho….Y si algún obispo promulgase sentencia contra vuestras personas o al mismo Monasterio, declaramos que esta sentencia sea nula, como dada contra los indultos de la Santa Sede Apostólica….” (1)

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De hecho, D. Alfonso VIII estaba concediendo a las futuras Abadesas de aquel Monasterio una autoridad muy semejante al poder real que él ostentaba, pues incluso tenían autoridad para  enseñar los Evangelios y predicar desde el púlpito a las integrantes de su Comunidad, así como oírlas en confesión, algo que, por aquellos tiempos, entraba en franca contradicción con las normas de los Padres de la Iglesia. En el ámbito civil y dentro de su jurisdicción, que incluía muchas villas y villorrios, podían administrar justicia, para lo cual disponían de un Merino que dictaba sentencias en la Plaza de la Llana de Burgos, también podían nombrar alcaldes, escribanos, alguaciles…….

Para ser Abadesa Mitrada en esta elitista congregación era indispensable tener sangre real o pertenecer a la nobleza, las primeras recibían el tratamiento de Señora Mayor de las Huelgas y las segundas de Señora Doña. En sus despachos aparecía el siguiente encabezamiento:

“Nos Doña…….por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas, cerca de Burgos, Orden del Cister e hábito de Nuestro Santo Padre San Bernardo, Señora, Superiora, Prelada, Madre y legítima administradora en lo espiritual y temporal de dicho Monasterio Real y su Hospital, que llaman del Rey, y de los Conventos, Iglesias y Ermitas, de su filiación, Villas y lugares de su jurisdicción, con jurisdicción omnímoda, privativa, cuasi episcopal nullius Diócesis y Reales privilegios, que una  y otra jurisdicción ejercemos quieta y pacíficamente, como es público y notorio, Disponemos……” 

La primera Abadesa Mitrada fue una infanta de sangre real, de nombre Doña Misol, o María Sol, que llegó acompañada de un grupo de monjas cistercienses procedentes del Monasterio de Santa María de la Caridad, situado en la localidad navarra de Tulebras (2).

En principio, los reyes de Castilla, como dueños y protectores del Monasterio, tenían el derecho a nombrar la Abadesa. Alfonso XI, Pedro I, quien por cierto había nacido en el Monasterio, Isabel la Católica y algunos otros más, ejercieron este derecho que, con el tiempo, sin perjuicio de ceder dicha prerrogativa, lo dejaron en manos de las monjas profesas.

Según una cédula promulgada por Alfonso X el Sabio en Burgos, en el mes de noviembre del año 1257, la comunidad del Monasterio debía estar integrada por no más de cien religiosas nobles, cuarenta niñas educandas, también pertenecientes a la nobleza, para ocupar las vacantes que ocasionaran las defunciones y cuarenta legas o freiras, para su servicio. Como personal auxiliar, la comunidad disponía de veintiún capellanes, dos confesores y un sacerdote que hacía las funciones de sacristán mayor.

El hábito que lucían las monjas, rico y elegante, como correspondía a su rango, consistía en una amplia túnica blanca (3) con un gran escapulario negro, ceñido a la cintura por una sobrecinta que iba por debajo del hábito, con una cogulla blanca sin capucha por encima, muy ajustada a la cintura; se tocaban con un velo negro de larga cola que llevaban recogida, la cual sólo desplegaban en las grandes solemnidades religiosas. Las legas, o freiras, llevaban túnica de estameña, negra por fuera y blanca en su interior.  

El emperador Carlos V, tal vez para resarcirse de los gastos que las obras realizadas en el Hospital del Rey le habían ocasionado, se deshizo de parte de su patrimonio, enajenando alguna de sus villas.

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Finalmente, el  status privilegiado que disfrutaba la Abadesa empezó a sufrir importantes recortes: En el año 1873, la I República española  abolió la jurisdicción civil que ejercía sobre sus dominios, pero además, el 14 de julio del mismo año, Pío IX publicó su Bula “Quae Diversa”, por la que también anulaba su jurisdicción espiritual y eclesiástica. 

Para la ejecución de las disposiciones de esta Bula se nombró al Provisor del Arzobispado de Burgos, D. José de Arteaga, quien, el día 23 de setiembre de dicho año de 1873, se presentó ante la Ilma. Señora Abadesa de Las Huelgas con objeto de abrir el oportuno expediente, solicitándola le remitiese una “relación detallada de los territorios, pueblos y parroquias, anejos, oratorios, beneficios eclesiásticos y Capellanías, Monasterios de Religiosas y cualesquiera piadosos institutos inclusos en esta Diócesis de Burgos y sujetos a la jurisdicción de V. S. I. y además los documentos para justificar su exención y clasificar la índole particular de ésta”

La Abadesa, Ilustrísima Señora Doña María del Pilar Ugarte, convencida de que sus derechos eran inalienables y ni siquiera el Papa de Roma tenía autoridad para alterarlos, razón por la que solicitaba que la exención jurisdiccional de sus derechos quedara sin efecto. Para elaborar su defensa eligió al Canónigo Penitenciario de la ciudad de Burgos, D. Tiburcio Rodríguez, que la presentó ante el Provisor el 7 de octubre.

La sentencia, ratificada por el Cardenal Primado de España, D. Juan Ignacio Moreno Maissonave, era contraria a los intereses de la Abadesa, y en ella, después de una numerosa serie de considerandos, en los que se exponían de forma exhaustiva y detallada todas las razones que habían originado semejante conclusión, se dictaba la siguiente sentencia:

“Resultando que la Señora Doña María del Pilar Ugarte, actual gobernadora del referido Real Monasterio de Santa María de Las Huelgas de Burgos, ha presentado un escrito, en el que pretende que esta delegación apostólica declarase no comprendida en las disposiciones de la Bula Quae diversa la jurisdicción eclesiástica cuasi episcopal Vere Nullius concedida a la Abadesa de dicho Real Monasterio por indultos y privilegios apostólicos.

Considerando que los territorios y pueblos, pertenecientes a las suprimidas jurisdicciones privilegiadas enclavadas en una diócesis deben, con arreglo a lo dispuesto en la mencionada Bula, agregarse e incorporarse a la diócesis, dentro de cuyos límites se encuentran incluidas por todas partes.

Considerando que las disposiciones de la misma Bula, comprenden, según su texto literal, a la jurisdicción eclesiástica privilegiada perteneciente a cualquier Monasterio de monjas, sea cualquiera su nombre e instituto, aunque esté distinguido por la Sede Apostólica con extraordinarios y singularísimos privilegios.

Considerando que en este caso se encuentra el Real Monasterio de Santa María de Las Huelgas de Burgos, cuya Abadesa venía ejerciendo sobre el territorio, pueblos y Monasterios antes mencionados, jurisdicción eclesiástica, cuasi episcopal, Vere Nullius, en virtud de extraordinarios y singularísimos privilegios con que le había distinguido la Sede Apostólica.

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Considerando que por medio de la citada Bula Quae diversa han sido clara, expresa y terminantemente abrogados, extinguidos, casados y anulados dichos privilegios, debiendo, según en ella se previene, ser tenidos por absoluta y enteramente suprimidos y abolidos, aun aquellos que constasen de Letras Apostólicas que debieran designarse con especial mención, no siendo de los que se refieren a la jurisdicción privilegiada que declara subsistente el artículo 11 del Concordato.

Considerando que la mencionada Abadesa no ha tenido nunca, ni canónicamente ha podido tener en el Real Monasterio, ni en los otros de su filiación, ni mucho menos en el territorio y pueblos sujetos a su dignidad Abacial, el concepto o consideración de Prior Capellán Mayor, cuya jurisdicción sólo corresponde al M. Rvdo. Patriarca de las Indias, en los lugares y respecto a las personas y cosas expresamente marcadas en los Indultos Apostólicos.

Considerando que la extinción y supresión de la jurisdicción eclesiástica de la referida Abadesa en nada afecta ni menoscaba los derechos del Real Patronato que en el Monasterio de Santa María de Las Huelgas de Burgos correspondía a los Reyes Católicos de España, y que si llega a restablecerse en la nación la Monarquía pueden volver a ejercerlos en toda su integridad y sin obstáculo ni contradicción alguna, como lo han hecho en otros Monasterios igualmente insignes de Real fundación sujetos en lo espiritual a la jurisdicción Ordinaria de los Obispos, en cuyas diócesis existen establecidos.

Y considerando que por todas estas razones es improcedente e inadmisible la pretensión que en este expediente ha introducido la actual Prelada de dicho Real Monasterio de Las Huelgas de la expresada ciudad”.  

“Vistas las referidas Letras Apostólicas, y en uso de las facultades que para ejecutar sus disposiciones nos están conferidas en las mismas: Declaramos suprimida y abolida en los pueblos, parroquias y Monasterios que se han mencionado la jurisdicción eclesiástica de que dependían; en su consecuencia las agregamos e incorporamos a la diócesis de Burgos y encomendamos y sujetamos todas y cada una de ellas, sus habitantes, sus iglesias, cualesquiera que sean, ya colegiales o ya parroquiales y sucursales, oratorios, cualesquiera piadosos institutos de cualquier nombre, los beneficios eclesiásticos, capellanías, si las hubiere, y los Monasterios de religiosas que en ellas existan, a la jurisdicción ordinaria o especialmente delegada por derecho o por la Sede Apostólica al régimen y administración del M. Reverendo Arzobispo que en tiempo fuere de la citada diócesis de Burgos, de modo que pueda ejercer en los pueblos, parroquias y Monasterios antes expresados todas y cada una de las facultades así ordinarias como extraordinarias y aun delegadas en los términos que se deja referido, según las ejerce en su propia diócesis.

Por tanto, mandamos a todos los que en la actualidad se encuentran encargados de la ya indicada jurisdicción eclesiástica privilegiada, cualesquiera que sea la dignidad y el título con que venían ejerciéndola, como también a sus juzgados, tribunales, delegados, a sus asambleas y a sus oficiales que cesen por completo en el ejercicio de la misma desde que por medio de oficio o en otra forma legal o auténtica se les haga saber este nuestro auto, y que tanto ellos cuanto los eclesiásticos, religiosos y fieles que hasta el día han dependido de la mencionada jurisdicción reconozcan y tengan, obedezcan y reverencien como a propio y legítimo Prelado de los pueblos, parroquias y Monasterios mencionados, de sus habitantes, iglesias, oratorios, beneficios, capellanías y Monasterios de religiosas al susodicho M. Rvdo. Arzobispo que en tiempo fuere de la repetida diócesis de Burgos, a quien los referidos encargados de la mencionada jurisdicción eclesiástica abolida harán entrega, a los fines y en los términos expresados en la Bula, de todos los documentos que conserven en sus archivos y se refieran a las personas, cosas, derechos e intereses eclesiásticos. Así lo declaramos, ordenamos y mandamos en uso de las facultades Apostólicas de que estamos revestidos, bajo las penas canónicas señaladas en la misma Bula y demás prescriptas por derecho y constituciones Apostólicas, entendiéndose lo anteriormente mandado sin perjuicio de lo que se disponga cuando se haga la nueva circunscripción de diócesis determinada en el Concordato.

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 “Recibidas por el Señor Arzobispo de Burgos las letras del Cardenal Moreno comunicándole las jurisdicciones suprimidas que pasaban a su diócesis, comisionó al citado Provisor Don José de Arteaga para que tomase posesión de la de Las Huelgas y la agregase e incorporase a la Ordinaria que ejercía en la diócesis de Burgos. En su virtud, se presentó en Las Huelgas y tomó posesión en nombre del Señor Arzobispo, primero en el Contador Bajo y después en la Sacristía de la iglesia monasterial.

Cabe llamar la atención sobre uno de los últimos considerandos, en el que se hace expresa alusión a la situación política por la que atravesaba España en aquellos momentos, dejando abierta la posibilidad de que volviera a surgir el cambio que restaurase de nuevo el secular sistema monárquico. Cosa que, por cierto, no tardaría en ocurrir.

Esta sentencia pone fin a la casi absoluta autoridad de que disponía la Abadesa de las Huelgas, pasando su jurisdicción a depender de la Archidiócesis de Burgos.

Actualmente el Monasterio está habitado por un pequeño grupo de monjas cistercienses dedicadas a la oración y a una vida contemplativa.

NOTAS 

(1) Bula de fundación concedida por Clemente III en 1187 

(2) Este Monasterio fue fundado en el año 1147 por el rey García Ramírez de Navarra, siendo el primer monasterio femenino de la Orden del Cister que se estableció en España. En la actualidad todavía sigue ocupado por un pequeño grupo de monjas trapenses. 

(3) Por este hábito también eran conocidas como las Monjas Blanca. 

Paco Blanco, Barcelona, febrero 2013

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