BURGOS INÉDITO: EL REGIONALISMO CASTELLANO LEONÉS (1866-1874). -Por Francisco Blanco-

1ulo

“El Norte de Castilla” de Valladolid publicaba en mayo del año 1866 un artículo titulado “Castilla agraviada” en el que se podía leer lo siguiente:
“Confesamos ingenuamente que al leer estas noticias nos hemos avergonzado del país en que vivimos y hemos dudado si Castilla está realmente en España, pese a la tremenda crisis, que ha aniquilado a la agricultura y ha concluido con las artes y el comercio, Valladolid no ha recibido la más insignificante muestra de amparo y de consolación en sus tribulaciones (……).

No somos de verdad egoístas, no deploramos que se presten a Cataluña ….. pese a no ayudarnos el Gobierno, aplaudimos todas las medidas protectoras que el Gobierno adopte a favor de la capital catalana. Pero no podemos más que preguntar a nuestros gobernantes:

¿Por qué tal diferencia? ¿Por qué ayuda para Cataluña y tanto abandono para Castilla? ¿En qué consiste la diversidad de administración? ¿Es, por fin, Castilla de España?”

El crecimiento económico de la España decimonónica había sido tan  desigual que, ya a partir de la segunda década, los episodios de violencia social y enfrentamientos de clase empezaron a sucederse con bastante frecuencia por todo el país, aunque sus  raíces tenían orígenes diferentes. Nadie estaba contento, ni la burguesía industrial catalana y de las Vascongadas, ni la oligarquía agrícola de Andalucía, Extremadura, Galicia, Aragón, Valencia y las dos Castillas. Claro que los más descontentos y los que más sufrían los efectos de la cada vez más creciente carestía de la vida eran las capas trabajadoras, tanto las grandes masas proletarias de las zonas industrializadas o en fase de industrialización, como los trabajadores del campo, que seguían siendo los más numerosos.

El Antiguo Régimen, por su parte, incapaz de asumir el imparable cambio social que se había puesto en marcha, tan sólo trataba de sobrevivir tratando de conformar a los grandes grupos de poder y sus particulares intereses. El desastre era inevitable y los grupos de oposición política, tanto civiles como militares, empezaron a conjurar con la abierta intención de derrocar la monarquía.

El 10 de abril de 1865 una manifestación de obreros y estudiantes, concentrados en la Puerta del Sol de Madrid, fue duramente reprimida por fuerzas de la Guardia Civil y tropas a pie y a caballo, que efectuaron disparos contra la multitud, seguidos de cargas de caballería a bayoneta calada, que dejaron catorce cadáveres tirados por las calles y cerca de 200 personas heridas. Muchas de las víctimas eran simples viandantes que andaban paseando en aquella primaveral noche madrileña, conocida como “La noche de San Daniel”. El Presidente del Consejo era Narváez y su ministro de gobernación González Bravo, ambos del Partido Moderado.

Poco más de un año después, el 22 de junio de 1866, un movimiento que se denominaba revolucionario, auspiciado por los líderes de los partidos Progresista y Democrático, provocaron la sublevación del cuartel de San Gil con la clara intención de acabar con el reinado de Isabel II. La intentona fracasó, hubo más de 60 fusilamientos y numerosos encarcelamientos, pero los que consiguieron ponerse a salvo, entre los que se encontraba el general Prim, continuaron desde el exilio su lucha revolucionaria, que acabaría dando sus frutos.

Dos meses después de los fusilamientos que siguieron a la sublevación del Cuartel de San Gil de Madrid, el 16 de agosto de 1866, en la ciudad belga de Ostende se reunieron, a propuesta del general D. Juan Prim, los dirigentes del Partido Progresista (1) y del Partido Demócrata (2), que firmaron lo que se llamó “El Pacto de Ostende”, en el que se establecieron dos líneas maestras de actuación política a seguir: Acabar con el arbitrario sistema actual de poder y crear una Asamblea Constituyente que decidiera la forma del futuro gobierno, que sería elegido mediante el sufragio universal directo.

Este pacto, al que después se agregó la Unión Liberal (3), fue el origen de la revolución conocida como “La Gloriosa”, que en setiembre de 1868 expulsó de España a la dinastía borbónica, destronando a la reina Isabel II.

Entre el 15 y el 18 de enero 1869 tienen lugar las elecciones para formar las nuevas Cortes Constituyentes, en las que se eligieron 352 diputados para 83 circunscripciones electorales.

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La opción monárquica, representada por el Partido Progresista encabezado por el general Prim, la Unión Liberal del general O`Donell y el Partido Demócrata de Nicolás Rivero y Cristino Martos, fue la gran vencedora con 236 diputados; el Partido Democrático Republicano de Pi y Margall obtuvo 85 diputados; los Absolutistas de Carlos VII 20 diputados, correspondiendo prácticamente todos a Navarra y el País vasco; los otros  11 escaños se los repartieron independientes de diferentes signos políticos. Además, fueron elegidos 18 diputados en Cuba y 11 en Puerto Rico.

En Burgos y provincia, como era de esperar, ganaron los monárquicos por amplia mayoría.

Aunque se respetó la fórmula monárquica de gobierno, la posterior Constitución, aprobada en el mes de junio, puede considerarse como la primera realmente democrática de nuestra historia, basada en el sufragio universal-aunque quedó excluido el voto femenino-y en el reconocimiento de unos derechos básicos individuales, inexistentes hasta entonces, como el de reunión y asociación y la libertad de culto. Por primera vez la Iglesia española quedaba en un plano inferior al del Estado. El problema del regionalismo y sus peculiaridades diferenciadoras no se afrontó, pero quedó establecido un marco legal que permitiera una posible descentralización en el futuro.

No tardaron los partidos republicanos en movilizarse para establecer las bases de sus proyectos federales regionales. Los primeros fueron los catalanes, con su proyecto de crear una Federación que uniese Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. El 18 de Mayo de 1869 en la ciudad de Tortosa se estableció el acuerdo conocido como “Pacto Federal de Tortosa”, en el que se suscribieron una serie de bases con el objetivo de reunificar todas las regiones que habían formado parte del antiguo Reino de Aragón. El pacto estaba promovido por Valentín Almirall y un grupo de republicanos intransigentes y radicales, entre los que se encontraban Lostau, Pellicer, José Anselmo Clavé, Feliú y Codina, Aguiló, Folch y otros. Esta asamblea se llevó a cabo sin la autorización de la dirección del Partido, pero finalmente acabaron por incorporarse Tutau, Figueras, Castelar y Pi y Margall, todos ellos diputados a Cortes.

Por el resto de España no tardaron en seguirle otros pactos semejantes, como el de Córdoba, que agrupaba las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia; el de Valladolid, integrado por las dos Castillas; el de Eibar, para las Vascongadas y Navarra y el de La Coruña, que incluía Galicia y Asturias.

El Pacto de Valladolid, también conocido como “Pacto Federal Castellano” tuvo lugar en la ciudad de Valladolid el día 13 de junio de 1869, en medio de una entusiasta manifestación popular de más de 7.000 personas, que recorrieron las calles como muestra de apoyo. Estuvieron representadas las diecisiete provincias que formaban las dos Castillas y que se iban a convertir en dos proyectos de Estados Federales:

El de Castilla la Vieja, formado por Ávila, Burgos, León, Logroño, Santander, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La capital del nuevo estado sería Valladolid.

Los representantes por Burgos fueron Martín Barrera, Lucio Broguera, Felipe Corral y Francisco Aparicio.

El de Castilla la Nueva lo formaban Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo, con la capitalidad en Madrid.

Se establecieron dos firmes objetivos con carácter irrenunciable:

a/Reafirmarse en la necesidad de un cambio de régimen.

b/Garantizar que el nuevo sistema político que sustituya al antiguo régimen reconozca institucionalmente la identidad histórica de Castilla y su derecho a su propia autonomía político-administrativa.

En su artículo primero se establecía: “La asamblea de representantes de la Federación  castellana reconoce y declara que la forma de gobierno que entraña y ha de realizar el ideal del partido republicano es la República”.

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De forma provisional se nombraron tres Juntas de gobierno, una para cada uno de los dos estados federales, con un representante por cada provincia y otra central para el Estado Federal Castellano, integrada por D. Miguel Morayta y D. Antonio Merino en representación del Estado de Castilla la Vieja y D. Francisco Valero y D. Mariano Villanueva por el de Castilla la Nueva. Como Presidente de la Asamblea fue elegido el histórico republicano santanderino D. José María Orense, marqués de Albaida, diputado constitucional por Palencia.

El representante elegido por Burgos de la Junta del Estado de Castilla la Vieja fue D. Felipe Corral. En la junta provincial de Burgos, celebrada el 30 de setiembre, se establece que para conseguir los objetivos de la revolución “es preciso que demos muestra, en el interregno que se prepara, de cordura y sensatez”.

En 1870 el representante por Soria, D. Miguel Morayta, tratando de conseguir la unificación de los diferentes criterios, propuso agrupar los cinco pactos en un único “Pacto Nacional”, presidido por Pi y Maragall. Aquí surgieron las primeras  disensiones y voces de protesta, pero finalmente, aunque con alguna reticencia, se consiguió el consenso y el mismo Pi y Margall se encargó de redactar sus bases. Se iniciaba un camino hacia la república plagado de obstáculos.

En la Asamblea Nacional Republicana celebrada durante el mes de febrero de 1870 en Madrid, se  propusieron tres tendencias:

a/La unitaria y descentralizadora

b/La federal y autonómica, basada en las diferentes peculiaridades de las regiones históricas

c/La federación sinalagmática, basada en la teoría utópica proudhoniana, que  propugnaba Pi y Margall, que se basaba en la total autonomía de las cuatro personalidades coexistentes en toda sociedad constituida”, refiriéndose a la del individuo, la del municipio, la de la región y la de la nación (5). En dicha asamblea, presidida por el mismo Pi y Margall, teniendo en cuenta las características históricas de la nación española, se hizo una concesión al federalismo regional, al tratarse España “de una nación ya formada, no podría menos de existir un poder central de carácter transitorio, mientras se reconstituyesen los pueblos y las provincias y creasen estas el gobierno de la República”.

Casi dos años tardó el general Prim en encontrar al candidato con el perfil del monarca constitucional que él buscaba. Finalmente, tras enconadas confrontaciones parlamentarias, pues todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta presentaron su aspirante a rey (4),  la elección recayó sobre D. Amadeo de Saboya, duque de Aosta y segundo hijo de D. Víctor Manuel II, rey de Italia desde 1861, y de Doña María Adelaida de Austria, descendiente de Carlos III. El 16 de noviembre de 1870 el soriano D. Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente de las Cortes, declaró ante el pleno de la Cámara: “Queda elegido Rey de los españoles el señor duque de Aosta”.

Pero la prolongada demora en la elección del nuevo rey había erosionado y dividido a los grupos políticos que propiciaron la caída de Isabel II. Progresistas, unionistas y monárquicos, que conformaban la mayoría parlamentaria, se separaron al dejar de coincidir sus intereses políticos; los carlistas neocatólicos y los monárquicos alfonsinos radicalizaron sus ataques contra el nuevo régimen y los republicanos federalistas siguieron apostando por la implantación de una República Federal. A todo esto hay que añadir el grave problema de Cuba, en pleno levantamiento militar y civil, alimentado por los Estados Unidos de Norteamérica.

Tampoco la impecable postura neutral y democrática de D. Amadeo había conseguido atraerse la simpatía de la mayoría del pueblo español, que más bien lo miraba como un intruso.  En tales circunstancias la ingobernabilidad de España era tan patente que D. Amadeo decidió volverse por donde había venido. El 11 de febrero de 1873 D. Amadeo cogió a su familia y se refugió en la embajada italiana, desde donde remitió a las Cortes su renuncia al trono de España. Aquel mismo día el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea única, proclamaron la I República española con 258 votos a favor por tan sólo 32 en contra. Sorprendentemente, la mayoría de los diputados monárquicos votaron a favor del cambio, lo que hizo exclamar a Pi y Margall: “La República vino por donde menos se esperaba….De la noche a la mañana”.

Pero la república, tan ansiada por la mayor parte de la sociedad española durante los años 68 y 69 no entraba con buen pie. Los partidos republicanos, divididos y enfrentados, eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre el tipo de República que más convenía implantar en el país sin que se resintiera demasiado la unidad nacional. 

La República que se proclamó no era ni federal ni unitaria, sino el resultado de un pacto entre republicanos moderados y progresistas, que decidieron convocar unas nuevas Cortes Constituyentes que afrontaran y solucionaran el problema. También por consenso fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo D. Estanislao Figueras, amigo personal de Pi y Margall (6), brillante abogado catalán y republicano histórico.

Tan sólo 13 días duró este gobierno en el que los propios republicanos, divididos entre “benévolos” e “intransigentes” fueron incapaces de encontrar una formula de federarse válida para todos en tanto se promulgase la nueva Constitución. Figueras, cansado y decepcionado, dimitió y abandonó el país. El asalto al poder por parte de los partidos no republicanos que siguió a la dimisión de Figueras estuvo a punto de provocar un golpe de estado, que impide Pi y Maragall desde su puesto de ministro de Gobernación, convirtiéndose al mismo tiempo en el nuevo Presidente del Poder Ejecutivo. Tratando de reconducir la situación convoca la nueva Asamblea Constituyente, que se reúne en Julio, pero la situación en España era tan caótica y el descontento tan generalizado, que numerosas ciudades españolas decidieron declararse soberanas sin esperar a que se aprobase la nueva Constitución. La insurrección cantonal surgió durante los meses de junio y julio en Valencia, Murcia, Cartagena, Alcoy, Córdoba, Sevilla, Jerez, Cádiz y Granada, obligando a dimitir a Pí Margall, que es sustituido por D. Nicolás Salmerón, quien se ve obligado a formar un gobierno de autoridad que haga frente a la situación, movilizando a la Guardia Civil y a las pocas unidades seguras que quedaban en el recién disuelto Ejército (7).

Los cantones son rápidamente sometidos, excepto el de Cartagena, que mantuvo su enfrentamiento independentista hasta el 12 de enero de 1874. Salmerón dimitirá por motivos de conciencia, al negarse a firmar unas sentencias de muerte y es sustituido por Castelar, que intenta poner en marcha una república conservadora, que funcionase a base de “orden, unidad y disciplina”. Contaba con el apoyo del alto mando del Ejército, y en especial de su amigo el general Pavía, uno de los que más habían contribuido a acabar con los levantamientos cantonales, al que nombró Capitán General de Castilla la Nueva.

El día 3 de enero de 1874 una coalición republicano-federal, encabezada por Pi y Margall y Eduardo Palanca, presenta en las Cortes una moción de censura contra Castelar, pero la Asamblea no llegará a su fin. Cuando el general Pavía tiene noticias de que Castelar va a ser derrotado y por tanto destituido, manda una nota al Presidente de las Cortes, que en aquel momento era Salmerón, ordenándole que desaloje la Cámara, al negarse los diputados, al frente de un destacamento de guardias civiles, irrumpe en el hemiciclo y les obliga a abandonar su escaño. La I República Española, que había llegado como consecuencia del golpe de estado de setiembre de 1868, desaparecía como consecuencia de otro golpe militar.

El general Pavía, con el consentimiento de Castelar y la mayor parte de su gabinete, monta un gobierno de”concentración nacional”, con el general Serrano a la cabeza. Comenzaba un régimen conocido como el de la “Interinidad”, que acabaría el 29 de diciembre de ese mismo año con otro pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos en Sagunto, que dio paso a la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Muchos republicanos y progresistas españoles tuvieron que emprender el camino del exilio (8).  

NOTAS 

(1)  El Partido Progresista fue fundado en 1838 durante la regencia de María Cristina. Entre sus líderes más importantes se encuentran D. Salustiano Olózaga, el general Espartero, Mendizábal, D. José María Calatrava, el general Prim, D. Manuel Ruiz Zorrilla, Sagasta, Calatrava, Madoz, etc.

(2)  El Partido Demócrata fundado en 1849, fue una escisión del sector más liberal del Partido Progresista y estaba encabezado por D. Nicolás María Rivero, D. Cristino Martos, D. José María Orense, etc.

(3)  La Unión Liberal era un partido monárquico, liberal y moderado, fundado por el general O´Donell en 1858

(4)  Los otros candidatos habían sido D. Antonio de Orleans, conde de Montpensier, el general D. Baldomero Espartero y D. Alfonso de Borbón por los carlistas.

(5)  “La Reacción y la Revolución” de Pi y Margall

(6)  Discípulo de Abdón Terradas, que en 1840 había fundado en Figueras el primer partido republicano de Cataluña y de España.

(7)  En febrero de 1873 Figueras había suprimido las quintas, por lo que el Ejército estaría formado por voluntarios. Este decreto dio lugar a que muchos soldados abandonaran sus unidades. 

(8)  Entre ellos se encontraba el catedrático y diputado republicano burgalés D. Teodoro Sainz Rueda, natural de Villarcayo, que marchó a Paris, desde donde colaboró con D. Manuel Ruiz Zorrilla en la fundación del Partido Republicano Progresista. 

 Paco Blanco, Barcelona, julio 2013

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