BURGOS INÉDITO-EL REGIONALISMO CASTELLANO LEONÉS (1932-1936). -Por Francisco Blanco-

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“De todas las historias de la Historia

sin duda la más triste es la de España,

porque termina mal”.  

 (Jaime Gil de Biedma) 

Si bien puede decirse que el general Pavía dio el tiro de gracia a la I República española, bien cierto es también que de su desmoronamiento previo fueron responsables los partidos republicanos y sus líderes, manifiestamente incapaces de unirse y elaborar un proyecto común, capaz de dotar a España de un sistema político que la integrase en la Europa moderna.

La II República llegó entre el clamor entusiasta de millones de españoles, que creyeron en ella y en las prometidas reformas de la anquilosada sociedad española. Confiaban en que, de una vez por todas, se llevase a cabo la tan necesaria reforma agraria; confiaban, también, en liberarse del opresivo manto protector que la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana ejercía sobre sus vidas, especialmente en materia de moral y educación; confiaban, igualmente, en que desapareciesen muchos de los privilegios que seguían disfrutando las clases privilegiadas de siempre: la aristocracia, el clero, los militares, los grandes propietarios y los grandes financieros; esperaban, finalmente, que se consiguiese un equilibrio territorial que asegurara la igualdad entre las diferentes regiones españolas y sus respectivos ciudadanos.

Pero, ¡no pudo ser!. Desde el mismo día 14 de abril de 1931, fecha en que se proclamó la república en toda España, esas clases oligárquicas antes citadas, que vieron peligrar sus privilegios, empezaron a conspirar para acabar con ella.

En su Artículo 1º la nueva Constitución establecía que todos los poderes emanan del pueblo, definiendo al nuevo Estado como una “República de los trabajadores”, aunque por imperativo del presidente, Alcalá Zamora, se le añadió una coletilla que la vaciaba de su contenido ideológico, quedando finalmente en “República de los trabajadores de toda clase”. También se establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la separación entre la Iglesia y el Estado.

Pero, incluso antes de que quedara aprobada la nueva Constitución, la cuestión religiosa fue el arma favorita que las fuerzas reaccionarias eligieron para atacar a la República. La Iglesia aglutinó en torno suyo a los militares descontentos, los monárquicos y las clases dominantes, para plantear su batalla al nuevo régimen republicano; contaban, incluso, con el apoyo del Vaticano, que se mostró muy reticente en aceptar la nueva legalidad salida de las urnas. El propio Cardenal Primado, el burgalés D. Pedro Segura (1), en su pastoral del primero de mayo salió en defensa de la monarquía,  exhortando a todos los católicos españoles a votar a su favor en las cercanas elecciones del mes de junio. Esta postura era compartida por la mayoría de los obispos españoles, con la excepción del catalán D. Francisco Vidal y Barraquer.

También el Título Primero de la Constitución trataba de dar solución al problema regional, definiendo a España como un “Estado integral”; concediendo a las provincias la posibilidad de convertirse en regiones autónomas con competencias propias, otras compartidas y otras exclusivas del gobierno central. El tema de las autonomías era otro de los más candentes, sobre todo teniendo en cuenta que en Cataluña Macía había proclamado la república catalana y se había aprobado el Estatuto con unas prerrogativas muy superiores a las que posteriormente se aprobaron en el texto constitucional, lo que iba a provocar las airadas protestas del resto del país, con la salvedad del País Vasco y Galicia, que también estaban trabajando en sus propios estatutos “ad hoc”.  

Una vez aprobado el texto constitucional el regionalismo castellano deriva fundamentalmente hacia dos cuestiones, la Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña. Éste último, especialmente, provoca el rechazo de numerosas diputaciones provinciales y ayuntamientos de León y las dos Castillas, al que se unen, a título personal, destacados catedráticos y juristas, que afirman que la elaboración de la nueva Constitución ha estado mediatizada por el Estatuto catalán, y que éste atenta contra los legítimos intereses del resto de las regiones españolas.

En medio de este ambiente reivindicativo tiene lugar la convocatoria de la “Asamblea de Burgos”, celebrada el día 16 de enero de 1932  en la Diputación Provincial de la ciudad burgalesa y presidida por su Presidente, el diputado republicano Sr. García Lozano. En esta magna Asamblea estuvieron presentes representantes de los Ayuntamientos, Diputaciones, Cámaras de Comercio y de la Propiedad, así como de otras relevantes entidades del ámbito cultural, social y económico de toda la región castellano-leonesa, y también de la provincia de Zaragoza, en las personas de su Alcalde y del presidente de la Diputación. El presidente de la asamblea, Sr. García Lozano, exhortó a los asistentes a llevar a cabo el debate sobre las Autonomías con el debido respeto y consideración hacia Cataluña. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Sr. de los Cobos, centró rápidamente el objetivo de la asamblea:

“Vamos a decirle a Cataluña que no queremos quitarle nada, pero que ella tampoco nos quite nada a nosotros. No debemos poner por delante la palabra separatismo, porque tal vez Cataluña no ha querido separarse  nunca”.

El teniente de alcalde del Consistorio burgalés, el socialista Sr. Santamaría, se mostró partidario de defender ante todo la unidad de la Patria, pero admitiendo la conveniencia de una amplia descentralización administrativa.

Siguieron ocupando la tribuna
numerosos oradores, que fueron exponiendo sus opiniones y sus teorías, pero siempre en un tono de corrección hacia la región catalana. El alcalde de Segovia se declaró partidario de una España única e intangible; el representante de Logroño, por el contrario, se mostró conforme con la creación de una autonomía regional para su provincia, La Rioja. También intervinieron los representantes de Soria, Ciudad Real, Salamanca, Ávila, coincidiendo básicamente todos ellos en la defensa de la unidad de España. El alcalde de Zaragoza, que también se declaró antiseparatista, recitó una coplilla que se había hecho muy popular por Aragón:

“La Virgen del Pilar dice

que se hundiría el Pilar

si las Cortes españolas

se rindieran a Maciá”

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La Asamblea se prolongó hasta el día 18, y se fue desarrollando en medio de un ambiente de gran hermandad y acendrado patriotismo. Para finalizar, emite un comunicado oficial que se publica al día siguiente en numerosos diarios de la nación con el siguiente contenido:

“1. La redacción del actual Estatuto de Cataluña es inadmisible por:

a/ provocar la desmembración política de España.

b/ divorciar a las nuevas generaciones educadas en Cataluña de la gran cultura española.

c/ reducir al mínimo las atribuciones del poder de la República.

d/ desarticular la economía de la Patria.

2. Necesidad de divulgar el proyecto para conocimiento de toda España.

3. Conveniencia de que todas las provincias emitan un juicio sobre el mismo, que deberan atender sus representantes en el Parlamento.

4. Cualquier Estatuto aprobado por el Parlamento deberá incorporar una cláusula de obligada revisión a los cinco años de promulgarse.”

Pero no todo son cortesías hacia Cataluña y buena predisposición para llegar a acuerdos favorables a todas las partes, a lo largo de todo el año de 1932 se producen por toda España numerosas reacciones hostiles al Estatuto catalán, al que acusan de proteccionista. Obtuvo una enorme difusión  una octavilla, que circuló por toda España con el título de “¡GUERRA AL ESTATUTO CTALÁN!”, en la que se incitaba a los españoles a dejar de consumir productos catalanes, mediante el siguiente mensaje:

“Mientras para Cataluña salieron millones y millones de pesetas y se dictaron leyes proteccionistas, Castilla sucumbe por falta de toda protección y auxilio. En tanto que el intelectual, el obrero y el profesional castellanos, no podrán ejercer cargos en Cataluña, los catalanes podrán hacerlo en toda España.

¡¡ESO ES EL ESTATUTO CATALÁN!!”. 

Poco después de la “Asamblea de Burgos”, la Diputación burgalesa envía un telegrama de protesta al presidente del Gobierno, manifestándole su oposición al Estatuto catalán, declarándose partidaria, antes de consentirlo, de permitir su independencia y levantar fronteras entre Cataluña y España.

También, durante el mes de mayo, en algunas capitales castellanas, como Valladolid, Palencia y Burgos, se producen nuevas manifestaciones populares de rechazo al Estatuto catalán. A principios de mes, en la capital del Pisuerga tiene lugar una reunión de los representantes de la Patronal de Valladolid, Avila, Salamanca, Santander, Zamora, Palencia y otras localidades cercanas, con el objetivo de fijar una actitud común respecto al proyecto de Estatuto catalán, al que acusan de exclusivismo y falta de solidaridad con el resto de España, reclamando compensaciones equitativas y amenazando, en el caso de que éstas no se produzcan, con romper las relaciones industriales y mercantiles existentes hasta el momento. La tensión de esta asamblea no tardó en traspasarse a las calles de la ciudad, que una manifestación de estudiantes recorrió lanzando gritos contra Cataluña y Maciá. En Palencia, convocada por su alcalde el 8 de mayo, en el Teatro Principal tuvo lugar una Asamblea de fuerzas vivas, integradas por diputados a Cortes por Castilla y León, alcaldes y personalidades de la provincia y un nutrido grupo de periodistas de toda España. Contaban también con la adhesión de D. Miguel de Unamuno y D. Santiago Alba. En sus conclusiones, similares a las de Burgos, se establece la soberanía de España como una e indivisible, aunque se acepta conceder una autonomía administrativa y económica a  las regiones por medio de conciertos; también se establece que “Si se llegase a la implantación de un Estado separatista, se liquiden las relaciones económicas y financieras con Cataluña, fomentándose a la vez la reorganización de la economía de Castilla, para que esta no necesite intercambio alguno con la región catalana”.

En la capital burgalesa, el 14 de mayo, a pesar de la prohibición gubernativa, un gran gentío se  manifiesta por las calles de Burgos contra el Estatuto de Cataluña, provocando el cierre de muchos cafés, bares y comercios, principalmente del centro de la ciudad. Un grupo de manifestantes se presentó en el Ayuntamiento, donde estaba reunido el concejo, obligando a los concejales a ponerse al frente de la manifestación y dirigirse al Gobierno Civil, para entregar al gobernador una petición en contra de la tramitación del Estatuto catalán. Por su parte, los estudiantes del Instituto y de la Normal se apoderaron del centro de la ciudad, lanzando gritos contra Maciá y el Estatuto. Guardias de Asalto y de la Benemérita se emplearon con dureza para dispersarlos, produciéndose algunos heridos y varias detenciones.

Por fin, en el mes de octubre, el “Mensaje de Burgos”,  lanzado a principios de 1918, vuelve a tener vigencia, reavivando el espíritu de aquel “regionalismo sano” que reclamaba para Castilla y León. Esta vez el portavoz fue “El Norte de Castilla”, que el día dos publica un editorial en el que hace un llamamiento a los parlamentarios e instituciones de Castilla y León, para que comiencen a trabajar en el proyecto del tan demorado Estatuto castellano:

“Ha llegado, pues, el momento de pensar en nuestra propia vida. Dejar a las demás regiones constituirse en autonomías, con vistas a su mejor provecho, es homicida….Como pensamos nosotros pensarán hoy los castellanos todos: hay que formular el Estatuto castellano”.

Como era de esperar, la llamada del diario vallisoletano produjo numerosas adhesiones al proyecto de Estatuto por parte de entidades como la Cámara de Comercio de Valladolid, la Confederación Hidrográfica del Duero, el Partido Republicano Radical o la “Acción Castellanista”, del burgalés Gregorio Fernández Díez, quien afirmaba que “Castilla no debe quedar rezagada cuando se mueven Vasconia, Galicia y Valencia”. También mostraron su apoyo personalidades, como el poeta y catedrático vallisoletano D. Narciso Alonso Cortés, que se negaba a que “por concederse la autonomía a las demás regiones, Castilla quede como feudo único de Madrid”; o la del burgalés doctor D. Misael Bañuelos, ofreciendo su colaboración y mostrando sin reparos su entusiasmo con el proyecto: “los que amamos a Castilla estamos dispuestos a construir el partido por la autonomía de Castilla o Partido Castellanista”.

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Pero no todo fueron adhesiones al llamamiento estatutario del “Norte de Castilla”, también respondieron negativamente muchas voces, como las de las Cámaras de Comercio de León y Palencia, que rechazaron de plano cualquier tipo de estatuto, o la Diputación de Santander, que prefirió no pronunciarse y mantenerse a la espera de los acontecimientos.

Sin embargo, a pesar de las expectativas suscitadas y a la polémica de opiniones que se desató en torno al tan traído y llevado Estatuto castellano-leonés, la fiebre regionalista fue decayendo a lo largo de 1933, no volviendo a declararse hasta los comicios electorales de finales de año.

Durante el mes de enero de 1933 aparece en Burgos la revista mensual “Castilla Industrial y Agrícola”, con sede en la calle de Vitoria, cuyo objetivo era intentar el resurgimiento económico de Castilla, defendiendo los intereses castellanos dentro del conjunto de la economía española, al tiempo que subrayaba  la necesidad de unirse al movimiento regionalista iniciado por la II República, e incluido en el nuevo marco constitucional: “Cuando otras regiones, acogiéndose a la ley, están unas con la casi plenitud de derechos otorgados por el poder legislativo y otras en camino de alcanzarlos, los castellanos tenemos la ineludible obligación de organizar la propia defensa”. En su contenido se abordaban temas relativos a la Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria de Castilla, pero también tenían cabida los temas sociales, como la construcción de nuevas escuelas, o los problemas inter-regionales, como los trasvases de las aguas del Tajo y el Guadiana a otras cuencas.

Entre sus colaboradores se encontraban notables personalidades de la vida burgalesa, como el exalcalde y cronista de la ciudad, D. Eloy García de Quevedo, los economistas D. Gregorio Fernández Díez y D. Manuel de la Parra, el escritor D. Eduardo Ontañón, el historiador D. Teófilo López Mata y el ingeniero de Montes D. Luis Arango; entre los políticos colaboraban el republicano D. Luis García Lozano y el agrario D. José Martínez de Velasco. El primer número fue presentado por los alcaldes de Burgos y Santander, D. Perfecto Ruiz Dorronsoro y D. Elofredo García, respectivamente. En junio de 1934 sale el Extra nº 18, de 76 páginas dedicadas exclusivamente a Burgos; el último número de la revista se publicó el mes del mismo año.

Entre abril de 1931 y noviembre de 1933 la República, además de aprobar la Constitución en diciembre de 1931, lo que ya representaba un cambio sustantivo de las estructuras del Estado, puso en marcha una serie de importantes reformas que afectaban a las obras públicas, los derechos sociales, la enseñanza, donde la construcción de nuevas escuelas alcanzó cifras inimaginables,  pero, principalmente, la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña, aunque en estos dos últimos temas, además de la derecha, se encontró con la oposición de los republicanos radicales de Lerroux. Por su parte, la reforma militar de Azaña, que afectó a un gran número de oficiales de alta graduación, dio como resultado un nuevo levantamiento militar, esta vez a cargo del general Sanjurjo en Sevilla, en agosto de 1932, que acabó fácilmente sofocado, principalmente por la total falta de apoyo del pueblo andaluz, saldado generosamente por el gobierno republicano con el dorado destierro del general a Portugal.

En marzo de 1933 las derechas, que habían seguido atacando frontalmente todas las reformas emprendidas por el gobierno, pero de forma dispersa y mal organizada, consiguen aglutinarse en torno a un conglomerado político, conocido como la “Confederación Española de Derechas Autónomas” (CEDA), encabezada por el salmantino D. José María Gil Robles, que ya había liderado “Acción Nacional” y “Acción Popular”, cuya actuación, dentro y fuera de las Cortes españolas, estuvo encaminada a acabar con el régimen republicano; todavía más a la derecha, contó con la ayuda de “Renovación Española” (RE) de Calvo Sotelo; el “Partido Agrario Español” (PAE) del burgalés Martínez de Velasco y otros pequeños grupos de corte fascista, como “Falange Española” (FE) de J. A. Primo de Rivera, o el “Partido Nacionalista Español” (PNE), del doctor Albiñana, cuyas actividades extraparlamentarias se dedicaban a sembrar el miedo y la incertidumbre en las calles y la opinión pública, por medios violentos la mayoría de las veces.            

El orden social vuelve a deteriorarse en todo el país, principalmente en las zonas campesinas de Andalucía y Extremadura, descontentas por la insuficiencia y lentitud con la que se está llevando a cabo la tan esperada reforma agraria, dando lugar a numerosas huelgas, incautación de tierras y quema de cosechas. La Iglesia, por su parte, descontenta con las nuevas relaciones Iglesia-Estado establecidas por la Constitución y con la Ley de Congregaciones religiosas, utiliza los púlpitos de las iglesias y los sermones dominicales para incitar a los fieles en contra del gobierno y de la República. Las calles de las principales ciudades se convierten en el escenario de numerosas acciones violentas por parte de grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, sembrando el terror entre los ciudadanos. Para rematar tan desolador panorama, Lerroux y su partido retira su apoyo al Gobierno de Azaña (2), dejando a éste en minoría. Tras fracasar el presidente Alcalá Zamora en sus intentos de formar un nuevo gobierno, opta por disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales.

El 19 de noviembre de 1933 los españoles volvieron a acudir a las urnas, en esta ocasión, por primera vez en la historia, con la presencia de la mujer como parte integrante del cuerpo electoral, tal como dejó establecida la Constitución de 1931 (3). En esta nueva convocatoria el mapa político español dio un giro de 180 grados al producirse el triunfo arrollador de los partidos monárquicos y conservadores, encabezados por la CEDA, la coalición más votada, que consiguió 115 escaños, seguida por los republicanos radicales (PRR) de Lerroux con 102 diputados. Los socialistas (PSOE) sufrieron un serio descalabro al perder más del 50% de sus votantes y conseguir tan sólo 59 escaños. Por el extremo derecho del espectro político aparecieron los falangistas de José Antonio Primo de Rivera (FE) y los legionarios del Dr. Albiñana (PNE), con un diputado cada uno; por la izquierda se incorporó el Partido Comunista (PCE), liderado por José Díaz, aunque su único escaño fue para el Dr. Bolivar, quien, curiosamente, se encontraba en la cárcel (4).

En Burgos la victoria de los agrarios (PAE), que a nivel nacional obtuvieron 30 escaños, fue absolutamente abrumadora, consiguiendo 5 de los 7 escaños en liza. Su líder, D. José Martínez de Velasco Escolar, fue el más votado, con 84.466 votos; fueron elegidos también D, Tomás  Alonso de Armiño y Calleja, D. Ramón de la Cuesta, D. Aurelio Gómez González y D. Angel García Vedoya. Los otros dos diputados fueron D. Francisco Estévanez Rodríguez por la Comunión Tradicionalista (CT) y el doctor D. José María Albiñana por el Partido Nacionalista Español (PNE), la izquierda burgalesa se quedó sin representación parlamentaria alguna..

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Los campesinos de Navarra y Aragón, pero especialmente los castellanos y leoneses, descontentos con la política triguera del ministro catalán D. Marcelino Domingo, hicieron caso a las voces que les hablaban de la superioridad del campo sobre la ciudad: “Toda España es en realidad agro y no puede ser otra cosa”, votando masivamente a la CEDA y a los agrarios de Martínez de Velasco. Incluso el candidato republicano burgalés, Gregorio Fernández Díez, que finalmente no salió elegido, en su campaña electoral se pronunciaba por “el fomento de la agricultura desamparada y contra las primas a los industriales textiles, a los mineros y a los navieros”, en clara alusión a las ayudas a  Cataluña y el País Vasco.

Ante semejante descalabro electoral, el presidente Alcalá Zamora, que desconfiaba tanto de Gil Robles como de Lerroux, en una decisión un tanto salomónica optó por la que le pareció menos mala, encargando a D. Alejandro Lerroux, jefe del Partido Republicano Radical (PRR), la formación del nuevo Gobierno, que, lógicamente, quedaba supeditado al apoyo de la CEDA y de su jefe, Gil Robles, que ostentaban la mayoría de la Cámara. De esta forma comenzaba lo que ha pasado a nuestra historia como “el bienio negro”.

En estas condiciones, el gobierno de Lerroux acometió una política absolutamente conservadora y radical, consistente en dar marcha atrás a todas las reformas emprendidas en el bienio anterior, poniendo especial empeño en la reforma agraria y el desarrollo de las autonomías. Tampoco tuvo reparos en reprimir con extremada dureza cualquier tipo de manifestación o protesta popular.

La CEDA, aprovechando su mayoría, adopta una postura provocativa, presionando al Gobierno para que intensifique las contrarreformas y reclamando su ingreso en el gobierno. Extra-parlamentariamente convoca grandes manifestaciones de exaltación patriótica en Covadonga y el Escorial, en las que el líder, José María Gil Robles, es presentado y aclamado como “El Jefe”, equivalente al “Führer” o al “Duce” de las Alemania e Italia fascistas.

Durante todo el año 1934 la situación política y social en España se va radicalizando progresivamente, hasta que el 5 de octubre, con motivo de la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA, estalla una huelga general en toda España, que acaba convirtiéndose en un movimiento revolucionario en Asturias y Cataluña. En Asturias la huelga acabó convirtiéndose en una auténtica insurrección armada contra el gobierno por parte de los mineros y los obreros, con el apoyo de la población civil, que acabó siendo sofocada por la intervención de las tropas africanas de Regulares y el Tercio. El sangriento balance se saldó con cerca de 2.000 muertos por parte de los insurrectos, y más de 300 entre el Ejército, los Carabineros y el resto de las Fuerzas de Seguridad. Acabada la contienda el día 18, en Asturias se establece el estado de excepción, controlado por una verdadera ocupación militar, iniciándose una terrible represión que acaba con más de 40.000 detenidos, que van a parar a las diferentes prisiones españolas (5).

En Cataluña, “el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le imponen su cargo, su honor y su autoridad, se ha permitido proclamar el Estado catalán”; estas fueron las palabras pronunciadas por el jefe del Gobierno, D. Alejandro Lerroux, al declarar el estado de guerra en todo el país. El día 6, a las  8 de la tarde, el presidente Companys, ante una multitud enardecida, proclamaba el “Estat Catalá” desde los balcones del palacio de la “Generalitat”, en la Plaza de la República, al tiempo que exhortaba al Capitán General de Cataluña, D. Domingo Batet, a ponerse bajo sus órdenes. El general Batet (6) siguió fiel a la República y en pocas horas se hizo dueño de la situación, obligando a Companys y sus ayudantes a izar la bandera blanca de la rendición. La refriega ocasionó 9 muertos, entre ellos el capitán de Estado Mayor D. Gonzalo Suárez, abatido por disparos de los Mozos de Escuadra cuando intentaba iniciar las negociaciones. Companys y su equipo de gobierno ingresaron inmediatamente en prisión y la Generalidad de Cataluña quedó automáticamente suspendida en todas sus funciones.

El movimiento revolucionario queda finalmente apagado, pero la represión y la política reaccionaria del gobierno radical-cedista cada vez se vuelve más acusada. España comienza a dividirse en dos grandes bloques opuestos: el de las derechas, conservadoras, católicas y monárquicas, que se oponen a las reformas, y el de las izquierdas, progresistas, republicanas y democráticas, que luchan por la transformación de España. La ausencia de un centro moderado, capaz de encontrar una solución de equilibrio entre los dos bandos, impulsa al presidente Alcalá Zamora a disolver nuevamente las Cortes y convocar otras elecciones generales.

Los días 16 y 23 de febrero de 1936 los españoles acudieron por tercera vez a las urnas, durante la corta vida de la joven II República española. No sabían que habían de pasar más de cuarenta años para que volvieran a poder ejecutar tan fundamental derecho.

En esta ocasión, dos bloques, políticamente y socialmente enfrentados, aspiraban a asumir la tan difícil tarea de gobernar España. Pero esta vez,  al contrario de lo que ocurriera en noviembre de 1933, el triunfo fue para la coalición de las izquierdas, agrupadas en el “Frente Popular”, que consiguieron más del 60% de los escaños. El Partido más votado fue el PSOE, con 99 escaños, seguido de Izquierda Republicana (IR), de Manuel Azaña, con 87 escaños. Los catalanes de Esquerra Republicana (ER) de Companys, quien permanecía en prisión, consiguieron 21 diputados y el Partido Comunista de España (PCE) pasó de 1 a 14 escaños. El programa del Frente Popular, firmado el 15 de enero por todos los Partidos que lo integraban, incluía la amnistía y el excarcelamiento de  todos los presos políticos encarcelados durante la Revolución de octubre del 33, la continuidad de todas las reformas emprendidas por el primer gobierno republicano y la aceleración de todos los procesos autonómicos. El gobierno estaría integrado únicamente por republicanos de izquierda, contando con el apoyo parlamentario de socialistas y comunistas.

Las derechas, por el contrario, se presentaron a estas elecciones más divididas que en las anteriores; la llamada “Unión de Derechas”, que tan buenos resultados obtuviera en 1933, no funcionó esta vez por causa del intento de monopolización del máximo poder posible por parte de la CEDA, que en cada circunscripción se alió con las fuerzas antirrepublicanas más numerosas, lo que supuso, por ejemplo, la práctica desaparición de los agrarios de Martínez de Velasco. En realidad, lo que pretendía Gil Robles era formar un “Frente Nacional Antirrevolucionario”, sin un programa concreto de gobierno, que impidiese ante todo el triunfo de la coalición de izquierdas; sus lemas más utilizados en la campaña fueron “Contra la revolución y sus cómplices” y “¡Por Dios y por España!”, planteando las elecciones como una batalla entre la “España católica y la revolución espantosa, bárbara, atroz”. La CEDA fue el partido más votado con 88 escaños; el resto de los escaños de la derecha se dispersó en pequeños grupos de ideología extremista, como la “Comunión Tradicionalista” (CT) o el “Partido Nacionalista Español” (PNE), otros, como la “Falange Española” (FE), de J.A. Primo de Rivera,  no obtuvo el apoyo popular suficiente para renovar su escaño, quedando excluido de la vida parlamentaria española, derivando su actividad hacia la violencia callejera.

A pesar de que las votaciones se habían desarrollado dentro de un marco de amplias libertades y sin que se produjeran incidentes destacados, los resultados que arrojaron las urnas no parecieron convencer a la derecha perdedora, que puso en marcha toda clase de maniobras para invalidar dichos resultados. Al disolver las Cortes en diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora nombró jefe del Gobierno a su amigo y correligionario, el político liberal gallego D. Manuel Portela Valladares, hasta que el resultado de las elecciones determinara la nueva composición de la Cámara y la creación del nuevo gobierno. Antes de que pudiera cumplir con sus funciones fue fuertemente coaccionado por las presiones del general Franco y el líder de la CEDA, José María Gil Robles, para que sacara la Guardia Civil a la calle e impugnara las actas electorales aprobadas por la Junta Electoral. Al político gallego le entró un ataque de pánico y abandonó su puesto a toda velocidad, dejando el gobierno descabezado. Ante esta insólita y grave situación, al presidente de la República no le quedó otra opción que nombrar apresuradamente jefe del gobierno a uno de sus más enconados enemigos políticos, el líder de Izquierda Republicana D. Manuel Azaña.

De esta manera tan accidentada, el 19 de febrero comenzaba el último gobierno de la II Republica española elegido mediante una votación libre y democrática. Las fuerzas reaccionarias, enemigas de la república y de la democracia, no cejaron de conspirar hasta acabar derribándola violentamente, al tiempo que barrían todos los derechos y libertades de los españoles, dejándoles sin una Constitución que les amparase.

Unos meses después, el día 17 de Julio se iniciaba en Ceuta y Melilla la rebelión militar del Ejército de Marruecos, que se fue extendiendo de forma paulatina por toda la península, provocando una guerra civil que se alargaría durante tres angustiosos años, marcados por la violencia, el odio, la venganza y la muerte de cientos de miles de españoles. A la victoria de los facciosos siguió una larga dictadura militar y policíaca, de casi 40 años, durante los cuales los españoles tuvieron que vivir bajo la humillación y el oprobio del “nacional-catolicismo” régimen impuesto por los vencedores .

En Burgos, en 1936 volvieron a ganar las derechas, pero sin la autoridad con que lo hicieran en 1933. Por la CEDA salieron elegidos Julio González Soto, el más votado con 70.993 votos y Manuel Bermejillo con 70.258. José María Valiente salió elegido por “Comunión Tradicionalista” y José María Albiñana por el “Partido Nacionalista Español”. Las izquierdas estuvieron representadas por  Moisés Barrio Duque y Eliseo Cuadrado, de “Izquierda Republicana” (IR) y Luis Labín consiguió su escaño por el PSOE. Uno de los líderes políticos burgaleses más representativos, el agrario Martínez de Velasco, que no quiso ir en coalición con la CEDA, quedó excluido del arco parlamentario.

En Castilla, los trágicos acontecimientos de Octubre de 1933 reabrieron la ya vieja polémica regionalista castellano-leonesa, que a partir del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, se manifiesta con posturas más radicalizadas, tanto por parte de los partidarios del Estatuto de Castilla, como de los inmovilistas unitarios. Vuelve la campaña a favor del Estatuto, que encuentra valedores entre políticos e intelectuales, como Alonso Cortés, Bañuelos, Silió, Santiago Alba y también en los partidos políticos e instituciones, como el Ayuntamiento de Burgos o la Asociación de escritores regionalistas, cuyas opiniones convergen en tres puntos:

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1. El Estatuto es una realidad imprescindible si quiere evitarse el sometimiento y la postergación de la región castellano-leonesa.

2. La exigencia autonomista de Castilla y León tendrá un carácter administrativo y descentralizador, sin empañar ni retocar la unidad nacional.

3. Proyectado como empresa y logro de toda la población, el Estatuto no será capitalizado por ningún partido de derecha o izquierda.

El propio doctor Bañuelos redacta las 13 bases para una propuesta de Estatuto, que incluía las once provincias de Castilla y León, que no llegó a tener trascendencia al  estallar el enfrentamiento civil de julio de 1936. La Base primera de dicho estatuto decía lo siguiente:

1ª/Castilla y León se constituyen en región autónoma para defender a España y su imperio espiritual y para defender sus derechos, en régimen de igualdad, con las demás regiones autónomas de España. 

Los partidarios de que ningún estatuto amenazase la sagrada unidad de la Patria también mostraron su oposición a cualquier proyecto autonómico en Castilla y León. El catedrático y ex diputado D. Antonio Royo Vilanova (7), en una carta abierta publicada por “El Norte de Castilla”, deja clara su postura inmovilista e intransigente, afirmando que “No soy partidario de ningún Estatuto. Creo que fue una equivocación no haber aprovechado el 6 de octubre (de 1933) para revisar a fondo el estatuto de Cataluña”. También el fundador de las “Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas”, el vallisoletano Onésimo Redondo,  conocido como “el caudillo de Castilla”, que por entonces se encontraba  detenido en la prisión provincial, redactó un alegato calificando a los partidarios del Estatuto como “súbditos póstumos del pensamiento de Maciá”, al tiempo que descalificaba a los políticos de derechas: “¡Jóvenes castellanos, hijos de la tierra de Castilla y León! Despreciad los brindis autonomistas de los políticos. Aferraos a vuestra justa y eterna demanda de la España una e imperial”. 

En mayo de 1936 se crea la “Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos”, que tratan de animar el proceso autonomista castellano, recuperando el “Pacto Federal Castellano” de 1869 y los valores y las peculiaridades regionales defendidas en el libro “El Valor de Castilla, del burgalés Gregorio Fernández Díez, publicado en 1926, quien ahora se quejaba de que “un grupo de escritores nos estamos desgañitando para hacer comprender el error de Castilla: no intervenir como colectividad regional, como pueblo, en la obra política de España”. Entre sus integrantes, además del citado Fernández Díez, figuraban los escritores y políticos burgaleses Eduardo de Ontañón y Manuel de la Parra. No obstante, la actividad de dicha Asociación se vio traumáticamente frenada por los violentos acontecimientos del mes de julio.

En Burgos, prácticamente desde abril de 1931, funcionaba una trama civil y militar que conspiraba casi abiertamente contra el gobierno republicano, dirigida por el general retirado, D. Fidel Dávila, casado con la burgalesa doña Teresa Jalón Rodríguez, motivo por el cual se había venido a vivir a Burgos. Este general en la reserva funcionaba bajo las órdenes del general de brigada D. Emilio Mola, conocido como “el Director”, éste en activo, que ocupaba el cargo de gobernador militar de Pamplona, plaza integrada en la Sexta División Orgánica con sede en Burgos, cuyo mando ostentaba el general de división D. Domingo Batet, el mismo que en octubre de 1933 había sofocado la rebelión de Companys en Barcelona.

A pesar de que el general Batet, el coronel Villena, jefe de la Guardia Civil y D. Julián Fagoaga, gobernador civil de la provincia, permanecieron fieles al gobierno (8), los rebeldes se apoderaron de sus personas y de la ciudad con relativa facilidad.

En la mañana del 18 de julio por las calles de Burgos se respiraba un clima tenso y lleno de premoniciones. Las tropas permanecían acuarteladas y los viandantes eran escasos y caminaban apresuradamente, rehuyendo incluso mirarse abiertamente a los ojos. El ambiente era realmente amenazador y a medida que iba avanzando el día las calles se fueron quedando desiertas, recorridas tan sólo por pequeños grupos de paisanos, pertenecientes a las juventudes del Frente Popular, que parecían efectuar rondas de vigilancia y que también desaparecieron cuando, a partir de las dos de la madrugada, se apoderaron de las calles varios pelotones armados de Guardias Civiles y de Asalto, caminando en formación a paso marcial. Poco más tarde, por la calle de Vitoria el rumor de fuertes pisadas,  mezcladas con  altas voces exaltadas, fue aumentando rápidamente de intensidad. Eran los soldados de un batallón del Regimiento de Infantería San Marcial, con su  mosquetón al hombro, que se dirigían, al mando de un comandante, hacia el cercano Palacio de la Diputación, lanzando gritos de ¡Viva España!, que algunos burgaleses, agazapados tras sus entreabiertas ventanas, confundieron con el de ¡Viva Azaña!, que a algunos les llenó de satisfacción y a otros de negros presagios. Pero no, las tropas de los distintos cuarteles se habían sublevado contra el Gobierno y pronto se apoderaron del Gobierno Civil, la Diputación, el Ayuntamiento, Correos y Telegráfos, Teléfonos, la emisora de Radio Castilla y todos los edificios emblemáticos y puntos neurálgicos de la ciudad y sus accesos. Por su parte, la Guardia Civil se apoderaba de  los locales de la Casa del Pueblo, el Centro Republicano y el Ateneo Popular, deteniendo a todo el que tuvo la osadía de permanecer en ellos. A partir de las 4,30 de la madrugada, desde Radio Castilla se emite cada media hora el bando de guerra dictado por el general Mola, y una banda de música recorre las calles del centro tocando marchas militares, para despertar a los burgaleses y ponerles al corriente del triunfo de la rebelión. Muchos de ellos, todavía adormilados, se lanzaron a la calle para aplaudir a los soldados y las fuerzas del orden, lanzando gritos de ¡Viva España, abajo Azaña!.

En la mañana del día 19 el general Dávila asumió el mando civil de la provincia, dando la orden de que en el Parque de Artillería se repartieran fusiles a los grupos fascistas afines, como falangistas, requetés, nacionalistas y los legionarios del doctor Albiñana, que a pie o a bordo de automóviles y furgonetas, empezaron a recorrer las calles a la caza de republicanos e izquierdistas. Comenzaron a oírse los primeros disparos y a producirse las primeras muertes. La violencia quedaba servida y en buenas manos. En el Ayuntamiento el alcalde puso su cargo a disposición de la nueva autoridad, al tiempo que se arriaba la bandera tricolor republicana y se izaba la monárquica roja y gualda.

El día 21 llegaba a Burgos el general Mola y su comitiva, que fueron recibidos por una multitud enardecida, que le aclamaba y le vitoreaba. El día 22, desde el balcón del palacio de Capitanía, anunció la creación de la “Junta de Defensa Nacional” y el día 23 llegaba el general Cabanellas para presidirla, por ser el general más antiguo en el escalafón. Burgos se convirtió así en la capital del nuevo Estado, que se caracterizó por la represión política, social, religiosa y hasta sexual; la falta de libertades y de derechos, tanto para los individuos como para las regiones. España, según los vencedores, se convirtió en Una, Grande y Libre, católica e imperial, nada menos que la reserva espiritual de Occidente.

Debieron transcurrir más de cuarenta años para que los españoles pudieran disponer de otra Constitución que sustituyera su condición de súbditos por la de ciudadanos, con derechos y obligaciones, pero ¡libres!. Libres para que cada uno pueda decidir libremente su opción política, religiosa y sexual…………….

La Constitución de 1978 puso de nuevo en marcha los viejos y arrinconados proyectos regionalistas de Castilla y León, que, por fin, tuvo su propio Estatuto de Autonomía. 

NOTAS:

(1)    El cardenal Segura (1880-1957) nació en la localidad burgalesa de Carazo. Estudió en los Seminarios de Burgos y Comillas (Cantabria). Siendo obispo de Coria (Cáceres) en 1922 hizo amistad con D. Alfonso XIII, al que acompañó en un famoso viaje a las Hurdes. En mayo de 1926 es nombrado Arzobispo de Burgos y en diciembre del mismo año se le nombra Cardenal Primado de España. En abril de 1931 escribe una pastoral, publicada en “El Debate”, en la que ataca duramente a  la II Republica, recién proclamada. En mayo el Gobierno republicano decreta su expulsión del país.

(2)    D. Manuel Azaña era el jefe de Gobierno y ministro de la Guerra.

(3)    El censo electoral femenino estaba integrado por 6.800.000 mujeres.

(4)    El doctor D. Cayetano Bolívar fue elegido por la circunscripción de Málaga.

(5)    Al Penal de Burgos, recién inaugurado, llegaron alrededor de 3.000 presos políticos, la mayoría asturianos.

(6)    En julio de 1936 el general Batet era el Capitán General de la VI Región Militar, con sede en Burgos. Al producirse la rebelión militar del día 18  y negarse a secundarla, permaneciendo fiel al Gobierno de la República, fue detenido por sus mismos subordinados y posteriormente fusilado.

(7)    D. Antonio Royo Vilanova era catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y había sido director del “Norte de Castilla”. Políticamente estaba afiliado al Partido Agrario (PAE) y había salido diputado en 1931 y 1933. En 1935 había sido ministro de Marina en uno de los gobiernos de Lerroux. Perdió su acta de diputado en las elecciones de febrero de 1936.

(8)    Tanto el coronel de la Guardia Civil, como el gobernador civil también acabaron frente a un pelotón de fusilamiento.

Paco Blanco, Barcelona, setiembre 2013

estatuto250

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Una respuesta a “BURGOS INÉDITO-EL REGIONALISMO CASTELLANO LEONÉS (1932-1936). -Por Francisco Blanco-

  1. ¿Se sabe quién acompaña a José María Albiñana en la foto? Creo que está tomada en Bilbao en 1935, en el Centro Nacionalista Español.
    Saludos cordiales,
    Luis Garbayo

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