BURGOS INÉDITO: EL CRIMEN DE LA CATEDRAL. -Por Francisco Blanco-.

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Finalizada la ” Septembrina”, o lo que es lo mismo, la Revolución de setiembre de 1868 que acabó destronando y expulsando de España a la reina Isabel II, se formó un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano, que estaba integrado por el general Prim como ministro de la Guerra, el almirante Topete en Marina, Sagasta en Gobernación, López de Ayala en Ultramar, Romero Ortiz en Gracia y Justicia, Lorenzana en Estado, Laureano Figuerola en Hacienda y el soriano Ruiz Zorrilla en Fomento.

El 1 de enero de 1869 el ministro de Fomento, D. Manuel Ruiz Zorrilla, firmaba un Decreto cuyo contenido era el siguiente:

“Artículo 1º: El Estado, y en su nombre el Ministro de Fomento, se incautará de todos los Archivos, Bibliotecas, Gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que con cualquier nombre estén hoy a cargo de Catedrales, Cabildos, Monasterios u Órdenes Militares.

Artículo 2º: Esta riqueza será considerada como nacional y puesta al servicio del público, en cuanto se clasifique, en las Bibliotecas, Archivos y Museos nacionales.

Artículo 3º: Continuarán en poder del clero las Bibliotecas de los Seminarios.

Madrid, 1 de enero de 1.869. El Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla.”

Naturalmente, a la publicación del Decreto siguió una orden del Ministerio de la Gobernación dirigida a todos los gobernadores provinciales, para que el día 25 de enero ejecutasen, sin la menor demora, las actuaciones pertinentes para llevar a efecto lo dispuesto en el decreto:

ORDEN: En uso de las atribuciones que me competen como miembro del Gobierno Provisional y Ministro de Fomento, y para llevar a efecto lo dispuesto el decreto de esta fecha sobre incautaciones por el Estado sobre los objetos de ciencia, arte o literatura que posea el clero, he tenido a bien dictar las disposiciones siguientes:

1ª/ El día 25 de enero los gobernadores civiles o la Autoridad civil de las poblaciones en que existan Catedrales, iglesias, colegiatas, monasterios etc. se personarán en nombre del Gobierno Provisional en dichos edificios, acompañados de un individuo del cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que oportunamente se pondrá a sus órdenes, o en defecto de este de una persona notoriamente ilustrada elegida por la misma Autoridad. Esta invitará asimismo a todos los individuos que tuviesen alguna parte el la dirección, administración o guarda de los mismos a reunirse en el perentorio plazo de una hora.”

Según el Gobierno, esta medida tenía un carácter preventivo y estaba destinada a salvaguardar los numerosos tesoros artísticos en poder del clero de la demoledora obra del tiempo, el abandono, el saqueo, el fuego o el uso indebido por parte de sus actuales beneficiarios.

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Al parecer, el Sr. Ruiz Zorrilla, que estaba casado con la burgalesa María de la Paz Barbadillo y que conocía la poderosa influencia que el clericalismo ejercía sobre la devota sociedad burgalesa y la de otras muchas capitales de provincia en las que abundaban los monumentos religiosos, trató de que esta orden se llevase a cabo con la máxima discreción y dentro del mayor sigilo posible, sin duda temeroso de la posible reacción contraria por parte de la Iglesia Católica, en franca y abierta oposición a la política laicista que había puesto en marcha el nuevo Gobierno Provisional, especialmente con la declaración de libertad de cultos, que amenazaba con acabar con muchas de las prebendas y privilegios que disfrutaba desde tiempos inmemoriales el numeroso clero español, curas, monjas y frailes incluidos.

Pero algo no funcionó y hubo una filtración por parte de algún funcionario, que puso a la jerarquía eclesiástica española al corriente de las aviesas intenciones del Gobierno Provisional, al que ya habían acusado de ateo, traidor, revolucionario y de ser la auténtica encarnación del Anticristo. Muchos obispos, al enterarse de lo que se les venía encima, decidieron poner a buen recaudo los tesoros más valiosos de sus Diócesis, pero el por entonces Arzobispo de Burgos, D. Anastasio Rodrigo Yusto, decidió propagar la noticia entre sus feligreses con la clara intención de soliviantar los ánimos de los más exaltados, que eran muchos, creando un ambiente de oposición violenta a lo que la Iglesia calificaba como un sacrílego saqueo.

El nuevo Gobernador Civil de Burgos, nombrado recientemente por Sagasta, a cuyo Partido pertenecía, era el jerezano D. Isidoro Gutiérrez de Castro, un republicano liberal e ilustrado, educado por los escolapios y los jesuitas, que había recorrido Europa, dominaba varios idiomas y ya había desempeñado importantes cargos políticos durante alguno de los anteriores gobiernos de Isabel II.

Recibida la orden del Gobierno, y aún a sabiendas del riesgo que llevaba aparejada, D. Isidoro, acompañado del inspector de Seguridad D. Domingo Mendívil y de un comisionado de Madrid, a las diez horas del día 25 de enero de 1869 se presentaron en la puerta principal del templo catedralicio, dispuestos a llevar a efecto la orden recibida, procediendo a inventariar todos aquellos objetos de valor y obras de arte que consideraran debían ser confiscados.

En una glacial mañana, digna de los crudos inviernos burgaleses, los tres funcionarios salieron del Palacio de la Diputación y atravesando el desierto Paseo del Espolón, se dirigieron hacia la Plaza de Santa María, donde ya les esperaba una nutrida y hostil multitud que les recibió lanzando exaltados gritos de ¡Viva la Religión! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Carlos VII! ¡Abajo el Gobierno! ¡Muerte al Gobernador!.

El gobernador y sus dos acompañantes, rodeados por los cabecillas más exaltados y vociferantes, consiguieron llegar hasta las puertas de la Catedral, donde les esperaban varios canónigos del Cabildo, entre los que se encontraban el Deán, el Provisor y el Magistral. Una vez dentro del templo, el gobernador ordena al inspector Mendívil que vaya en busca de la Guardia Civil y de los Voluntarios de la Libertad (1) para que acudan a controlar aquella enfurecida multitud, que quedaba fuera sin dejar de gritar amenazadoras consignas, dirigiéndose después, en compañía del comisionado y de los miembros del cabildo, hacia el claustro catedralicio donde se encontraba el acceso a los archivos, para llevar a cabo aquella fatídica misión que le había llevado hasta allí. El provisor acompaña al inspector hasta la puerta pero, lo que son las cosas, en un inoportuno y lamentable descuido, no se sabe si intencionado, se olvida de asegurarse de que quede bien cerrada.

Pronto, los cabecillas de los manifestantes se dan cuenta de que tienen el paso franco y las turbas comienzan a invadir las naves del templo, cada vez más agresivas, sin dejar de proferir los amenazadores gritos de ¡Nos quieren robar! ¡Viva la Religión! ¡Viva Carlos VII! ¡Muerte al Gobernador!. Algunos de ellos ya exhibían en las manos navajas, martillos y garrotes.

El gobernador comete la imprudencia de abandonar el claustro, alarmado sin duda por la resonancia que alcanzaba el intenso griterío bajo las góticas bóvedas del templo. Ante la pasividad de los canónigos que le acompañan, la enloquecida multitud empieza a zarandearle, golpearle y empujarle hacia la Puerta del Sacramental, sacándole del templo hasta la explanada que se forma delante de la escalinata que sube a la calle de Fernán González. Allí se ensañan con el cuerpo maniatado del indefenso D. Isidoro, acuchillándole, machacándole, despojándole de sus vestiduras, llegando en su delirante paroxismo a mutilarle alguno de sus miembros, convirtiendo su cuerpo en un sanguinolento despojo.

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Mientras se desarrollaban estos hechos tan execrables, la Guardia Civil seguía sin dar señales de vida. El Ayuntamiento y la Diputación habían enviado un pequeño grupo de Voluntarios de la Libertad, que, al no ir armados, se vieron impotentes y desbordados por la desatada furia de aquel gentío enardecido. Finalmente, tuvo que intervenir el Regimiento de Caballería de Bailén, que por entonces se hallaba de guarnición en Burgos, cuya firme actuación consiguió dominar la situación, dispersando a los manifestantes y recuperando los inertes restos del gobernador, que fueron trasladados a la Casa Consistorial. También hay que dejar constancia de que esta intervención por parte del Ejército se hizo sin el conocimiento del Comandante Militar de la Plaza, el general Martín Colmenares, que todavía no se había dado por enterado de los lamentables sucesos que estaban teniendo lugar en el mismo centro de la ciudad.

Enterado el Gobierno Provisional del alevoso asesinato, procede a declarar el estado de guerra en Burgos, dando comienzo las investigaciones y las detenciones. Del orden público se hacen cargo fuerzas del Ejército y los Voluntarios de la Libertad.
En los días siguientes al luctuoso suceso, que conmocionó profundamente la ciudad por lo inesperado y cruel de lo acaecido, fueron detenidas hasta 140 personas, acusadas de estar más o menos implicadas en el asesinato del gobernador. Entre los miembros del cabildo se encontraban el deán D. Pedro Gutiérrez de Celis; el provisor D. Jorge de Arteaga; el magistral D. Manuel González Peña y otros tres canónigos, todos ellos puestos en libertad a los pocos días sin ningún tipo de cargo. Tampoco se le pidió ninguna responsabilidad al arzobispo D. Anastasio Rodrigo Yuste, que no se había movido de su palacio arzobispal, sin hacer ni un solo gesto para intentar detener la profanación del templo catedralicio por aquella masa de ciudadanos enfurecidos. Eso sí, a los pocos días publica una pastoral lamentando y condenando el atentado, al tiempo que ordenaba cerrar la catedral al culto durante unos días, para proceder a su purificación.
Del resto de los detenidos, todos ellos ciudadanos burgaleses pertenecientes a diferentes estamentos sociales, unos 60 fueron procesados y juzgados por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, acusados de asesinato, alteración del orden público, profanación de recinto sagrado y unos cuantos cargos más.

Se condena a la pena capital al carpintero Mariano Camarero, alias “Cascorro”, al que se le ocupó un martillo manchado de sangre. Fueron condenados a diferentes penas de cárcel Dámaso San Martín, Blas Gil, Pedro Miguel Bueno, Clemente Martínez Ávila, Francisco Martínez Hernando y el confitero Gervasio Díez de la Lastra, conocido carlista y uno de los más destacados cabecillas de aquella triste jornada, al que siempre se le vio a la cabeza de los manifestantes.
Sin embargo, ninguna de las sentencias emitidas por el alto tribunal militar llegó a cumplirse en su totalidad. Al condenado a garrote se le conmutó la pena por la de cadena perpetua, pero a los tres años ya estaba en libertad.

El resto de los condenados a prisión a los pocos meses también se paseaban tranquila y libremente por las calles de Burgos como si nada hubiese ocurrido. Para el confitero Gervasio Díez de la Lastra, a quien la escritora María Cruz Ebro en sus “Memorias de una burgalesa”, es de suponer que en sentido peyorativo, califica como “el héroe de la jornada”, su destacada actuación como cabecilla de los manifestantes fue como una especie de epinicio que atrajo a su pequeña confitería de la calle de Laín Calvo un inesperado e importante número de clientes, lo que le permitió al cabo de pocos meses trasladar el negocio a un local mucho más amplio, situado en la misma calle. Durante mucho tiempo, muchos burgaleses a los que se les pedía su opinión sobre aquel trágico episodio que conmocionó la ciudad, respondían sin apenas dudarlo que “si cien veces intentase el Gobierno despojar a la ciudad de sus riquezas, cien veces volverían a cometer la misma acción”.

Durante los días y las semanas siguientes al público linchamiento del Gobernador Civil de Burgos, la noticia del trágico suceso fue profusamente difundida por toda la prensa nacional y sus macabros detalles ampliamente comentados en periódicos como “La Esperanza”, “La Correspondencia de España”, “La Iberia”, “El Imparcial”, “La Discusión” y “El Norte de Castilla”. Pero sin duda la crónica más espectacular y fidedigna fue la publicada por la revista liberal “El Museo Universal”, debida a uno de sus ilustradores que casualmente se encontraba de visita en Burgos y el día de la tragedia se hallaba en la calle de Fernán González admirando la belleza arquitectónica del monumental crucero de la catedral. De la pluma de este ilustrador, cuyo nombre desconocemos, salieron unos espectaculares grabados del brutal asesinato del Gobernador, consumado prácticamente a sus pies. La excepción fue la prensa burgalesa, sometida por la censura eclesiástica a un discreto silencio.

Curiosamente, todavía actualmente en los archivos de la Catedral y el Ayuntamiento constan muy pocos datos y muy imprecisos sobre el tema. Los profesores Cuenca Toribio y Serrano García lo han tratado en alguno de sus trabajos. También lo menciona Amador de los Ríos en su obra “Burgos, su naturaleza y su Historia”, publicada en el año 1888.

Dos meses después de los hechos relatados, el 28 de marzo, el Cabildo en pleno, presidido por su Arzobispo y con asistencia de las Corporaciones locales, el clero parroquial y un inmenso gentío, celebra una ceremonia de purificación en la que se procede a lavar la sangre derramada por el inmolado D. Isidoro Gutiérrez de Castro, al tiempo que queda declarada la reapertura de la Catedral al culto. La prisa por la reapertura se debía a la proximidad de la Semana Santa y la petición había sido cursada por el arzobispo al nuevo gobernador D. Carlos Massa Sanguinetti, que dio su visto bueno previa consulta con el Gobierno. El crimen de la Catedral quedaba de esta forma lavado y expiado.

NOTA:

Los “Voluntarios de la Libertad” fue una milicia de voluntarios civiles cuya principal misión era la de salvaguardar el orden público tras la batalla de Alcolea del 28 de setiembre de 1868, en la que isabelinos, absolutistas, neos y conservadores fueron derrotados por los militares “septembrinos”, que acabaron derrocando a Isabel II y su conservador gobierno.

Paco Blanco, Barcelona octubre 2014

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