D. POLICARPO CASADO: EL COMIENZO DE UNA SAGA. -Por Francisco Blanco-

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Los bienes del clero nacionalizados por la Ley de Mendizábal de 1836 no se empezaron a vender, por medio de subastas, hasta el año 1841, durante la regencia de Espartero, con el fin principal de recaudar fondos para hacer frente a la amortización de la enorme deuda pública de la Hacienda española, que se había incrementado notablemente debido a los elevados intereses que generaba, a los que había que sumar el enorme coste que había supuesto sufragar la primera guerra contra los carlistas. También se intentaba crear una nueva clase de propietarios, campesinos y arrendatarios que fueran fieles al nuevo sistema de producción que se trataba de implantar en la arcaica agricultura española, con el objetivo de hacer más rentable y mejor repartida la productividad del campo español, aumentando el hasta ahora bajo nivel de las cosechas. Se trataba, en definitiva, de facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a los campesinos con menos ingresos. En la práctica, sin embargo, los que acapararon la tierra confiscada fueron los grandes propietarios y los inversores y especuladores financieros, que eran los únicos que disponían de dinero contante y sonante y estaban mejor informados sobre el funcionamiento de las subastas; los campesinos más modestos quedaron al margen y el campo español continuó sumido en su secular atraso. Los grandes propietarios siguieron viviendo cómodamente en las ciudades, disfrutando de sus rentas y totalmente ajenos a los problemas del campo.

Esta primera desamortización no consiguió resolver el problema de la deuda, pero ayudó, al menos, a mitigarla. Con la vuelta al poder en 1843 de conservadores y moderados, liderados por Narváez, el nuevo gobierno procedió a suspender las subastas, aunque, eso sí, garantizó las ventas efectuadas hasta la fecha. Se había amortizado alrededor del 60% de los bienes confiscados a la Iglesia y se había recaudado una importante cantidad de dinero pero, al mismo tiempo, quedó aún más reforzada la arcaica estructura de la propiedad de la tierra.

La segunda desamortización la llevó a cabo en 1855 otro político liberal, D. Pascual Madoz, mientras fue Ministro de Hacienda con el Bienio Progresista de 1854 a 1856. Mucho más ambiciosa que la de Mendizábal, en esta ocasión la incautación afectó a las tierras comunales, poniéndose a la venta una enorme cantidad de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a los Municipios y también algunas de la Iglesia, que rompió las relaciones con el Gobierno, al que acusó de violar el Concordato con la Santa Sede firmado en 1851, rompiéndose así la tradicional alianza Iglesia-Estado.

El jueves 3 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid la Ley Madoz aprobada por el Consejo de Ministros el día 1 de mayo, que decía lo siguiente:

“Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante Don Carlos (1), a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores”.

Quedaron excluidos los bienes pertenecientes a las Escuelas Pías, que se ocupaban de la instrucción pública, y los hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, que prestaban atención médica gratuita a los más necesitados.

A pesar de la polémica que semejante medida provocó entre liberales y conservadores, al final todos llegaron a la conclusión de que era absolutamente necesario rescatar aquella enorme cantidad de bienes inactivos, para contribuir con el importe de su venta a impulsar el desarrollo económico de la empobrecida y agobiada nación española, nivelando sus presupuestos y disminuyendo su enorme deuda pública.

El mayor número de transacciones se realizó durante los años 1855-1856, pero hasta poco antes de la “septembrina”, en 1868, se habían vendido más de 200.000 fincas, entre rústicas y urbanas, por un valor cercano a los ocho mil millones de reales, prácticamente el doble de lo obtenido en la anterior de Mendizábal. Se continuaron efectuando subastas hasta finales de siglo, aunque cada año eran más escasas, pues cada vez quedaba menos que vender. El dinero recaudado se destinó a cubrir el déficit presupuestario y amortizar parte de la enorme deuda pública del Estado. También hubo algunas partidas destinadas a Obras Públicas y a la conservación y reparación de las iglesias españolas. La Ley de Madoz quedó sin vigor el año 1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera, siendo Ministro de Hacienda D. José Calvo Sotelo.

Naturalmente, las consecuencias de esta desamortización tuvieron aspectos positivos y negativos. Por una parte se saneó la Hacienda pública, se aumentó la superficie cultivada y se redujo la deforestación. En las ciudades, muchos edificios religiosos de exclusivo uso interno de la comunidad, se convirtieron en públicos, dedicándose a escuelas, hospitales, bibliotecas,………y, en general, el ambiente clerical en que se había desarrollado la vida de sus ciudadanos se hizo menos agobiante. También se incrementó la pequeña y gran burguesía, que fue la gran beneficiada, pues se apoderaron de los mejores edificios, dedicándose a vivir de sus rentas, sin preocuparse de hacer inversiones que mejorasen la productividad agraria.

Los más perjudicados, como ya ocurriera con la de Mendizábal, fueron los modestos campesinos con escaso poder adquisitivo, que vieron reducidos drásticamente sus medios de subsistencia al privatizarse una enorme masa de tierras comunales, de las que dependían en gran medida, principalmente como pastura para el ganado y para aprovisionarse de leña. Las inmediatas consecuencias fueron el abandono del campo por una gran parte de este campesinado, que tuvo que emigrar a las Américas, o integrarse en el incipiente proletariado de las grandes ciudades y de las zonas que empezaban a industrializarse, principalmente en Cataluña y las Provincias Vascongadas. La migración del campo a la ciudad alcanzó un gran auge en los dos primeros decenios del siglo XX, con el consiguiente incremento de la conflictividad social.

Por el contrario, a la antigua aristocracia feudal se unen ahora los nuevos grandes propietarios, con lo que se genera una nueva élite terrateniente que va a defender su nuevo y privilegiado status con todos los medios a su alcance. En las dos Castillas los latifundios se incrementan y los caciques rurales salen reforzados.

En Burgos y su provincia el peso de la jerarquía católica, de la aristocracia dominante y de los caciques, tanto rurales como urbanos, era tan grande que la sociedad burgalesa prácticamente permaneció inmune a los cambios sociales y económicos que ocasionó la desamortización, aunque, como es natural, hubo algunos burgaleses, políticos cuneros, abogados y grandes propietarios principalmente, que se beneficiaron de ella, entre los que merece la pena destacar a D. Manuel Alonso Martínez, ministro de Fomento en 1855; D. Cirilo Álvarez Martínez, ministro de Gracia y Justicia entre agosto y octubre de 1856 y senador vitalicio desde 1858; D. Fernando Álvarez Martínez, abogado y diputado por Villarcayo; D. José Arroyo Revuelta, consejero del Banco de Burgos fundado en 1863 y propietario agrícola y de minas; D. Santiago Liniers Gallo, que compartía sus trabajos de escritor y periodista con el cargo de Consejero del Banco de España, fue premiado por D. Alfonso XIII con el título de Conde de Liniers; D. Pedro González Marrón, cofundador del Banco de Burgos; el ilustre político santanderino D. Pedro Salaverría, que empezó su carrera de hacendista en el Gobierno Civil de Burgos, llegando a ser ministro de Hacienda y Fomento en varias ocasiones, gobernador del Banco de España y diputado a Cortes por Valladolid, Santander y Burgos, gran amigo y valedor de D. Policarpo Casado, al que nos vamos a referir a continuación un poco más extensamente:

D. Policarpo Casado y Lostau, había nacido en Burgos el 26 de enero de 1816, era hijo de D. Atanasio Casado y de Doña Rosa Lostau y Sáiz, una linajuda y honrada familia, muy conocida en la ciudad.

Desde sus estudios de bachillerato en San Pablo y los Jerónimos de Burgos, destacó por su brillantez, especialmente en humanidades, obteniendo en cada curso la calificación de sobresaliente. Pasó después a la Universidad de Valladolid, donde el año 1841 se licenció en Leyes y Jurisprudencia con la misma calificación. Profesionalmente, sus primeros pasos como abogado los dio en Madrid, pero pronto sintió la llamada de la patria chica y en 1842 regresó a su ciudad natal, inscribiéndose en el Colegio de Abogados de Burgos (2). A partir de esta fecha su trayectoria profesional se caracteriza por el desarrollo de una incesante actividad, tanto en el ámbito judicial como en el político y financiero, destacando por sus enormes cualidades, tanto profesionales como humanas. Como jurista, en el año 1851 obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia y por la labor desarrollada como catedrático de la Escuela de Notariado en la capital burgalesa, en 1854 la reina Isabel II le concede la Cruz de Carlos III. Como miembro activo de la vida pública burgalesa, desempeñó los cargos de Vocal de las Juntas de Sanidad, Beneficencia, Pósitos, Instrucción Pública, Monumentos Históricos, Agricultura, Industria y Comercio.

Como abogado, durante los más de treinta años en los que estuvo presente en el foro burgalés, sus intervenciones alcanzaron una merecida fama, consiguiendo una numerosa y distinguida clientela. Dentro del Colegio desempeñó los cargos de diputado segundo entre 1850 y 1851, diputado primero en 1856, decano en 1860 y en 1880 y tesorero en 1867. Su aparición en la política municipal burgalesa se produce a instancias de su amigo el ministro Salaverría, con el que había coincidido en sus tiempos de funcionario del Gobierno Civil; gracias a su influencia fue nombrado Alcalde de Burgos, cargo que desempeñó entre 1861 y 1862, siendo posteriormente reelegido en el cargo para los años 1863 y 1864. Durante su permanencia al frente de la alcaldía la capital burgalesa experimentó notables mejoras urbanísticas, siendo las más notables la finalización de las obras de conducción de agua potable a la ciudad y la instalación en sus calles del alumbrado público por gas. En el ámbito social mejoró notablemente los establecimientos municipales de Beneficencia, especialmente el deteriorado Hospital de San Juan que, precisamente a raíz de la desamortización, se había convertido en un Patronato civil.

En 1862 la reina Isabel II rindió una visita oficial a la ciudad de Burgos, en su calidad de Cabeza de Castilla, alojándose en el palacio arzobispal. En uno de los actos oficiales, acompañada del Alcalde Sr. Casado y la Corporación en pleno, visitó la Casa Consistorial. Al asomarse a los balcones que dan a la Plaza Mayor se encontró ante una entusiasmada multitud que la llenaba por completo y no cesaba de aclamarla y vitorearla, lo que no dejó de emocionar a S. M., que así se lo manifestó al alcalde, aprovechando éste la ocasión para expresarle lo siguiente: “Señora, es el pueblo que paga y sufre. Permitidme que os recomiende su afecto como la medida más segura de la solidez de vuestro trono”. Un buen consejo, sin duda, que la reina no siguió si nos atenemos a como finalizó su reinado tan sólo seis años después.

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El 7 de noviembre de 1863 el Gobierno publica un decreto aprobando la fundación del Banco de Burgos. La iniciativa había corrido a cargo de un grupo de propietarios y comerciantes burgaleses, presididos por el propio alcalde D. Policarpo Casado, en el que figuraban D. Francisco Bohigas, D. José María Simó, D. Roque Iglesias, D. Francisco Arquiaga, D. Marcos Arnáiz y D. Pedro González Marrón. Se trataba de un Banco de Emisión con una validez de 25 años y un capital social de cuatro millones de reales, divididos en dos mil acciones. Su órgano de dirección sería una Junta de Gobierno formada por 12 consejeros y 3 suplentes, más un Comisario Regio nombrado por el Gobierno.

Poco después de la fundación del Banco de Burgos, siendo aún alcalde de Burgos, en agosto de 1864, compró a D. Cayetano Silva y Fernández de Córdoba, duque de Híjar y conde Salvatierra, diversas fincas y censos que éste poseía en el pueblo de Ubierna, incluido su castillo, junto con otros censos de San Adrián de Juarros, San Millán de Juarros y Salgüero, pertenecientes al condado de Salinas (3), por lo que a su condición de renombrado jurista y político añadió la de gran propietario.

En 1867 el Sr. Casado deja la alcaldía y pasa a ser Presidente de la Diputación, cargo que abandona en 1868 al producirse la Revolución de Setiembre, retirándose de la vida pública hasta 1875, en que vuelve a presidir la Diputación burgalesa.

D. Policarpo, que con tanta actividad se había enriquecido, convirtiéndose en el primer contribuyente de la Provincia, era un castellano de lo más tradicional, católico practicante y devoto, de arraigadas creencias religiosas, firme defensor y protector de la Iglesia Católica; de ideas políticas muy conservadoras, era un convencido monárquico, contrario a cualquier otra forma de gobierno, razón por la cual, al ser derrocada Isabel II en setiembre de 1868, abandonó por completo la vida pública, dedicándose a sus negocios y a la vida familiar. Estaba casado con Doña Juliana Pardo Alcalde, matrimonio prolífico del que nacieron ocho hijos, todos ellos educados igualmente dentro de la más pura ortodoxia católica. Su última hija, Doña Petronila Casado y Pardo, ha pasado en letras de oro a la historia de la ciudad de Burgos como una de sus grandes benefactoras.

En enero de 1876, restaurada la dinastía borbónica en la figura del joven monarca D. Alfonso XII y con D. Antonio Cánovas del Castillo encabezando un proyecto político de carácter monárquico y conservador, se convocaron unas elecciones a Cortes Constituyentes, para dotar al país de una nueva Constitución que reforzara y protegiera la figura del monarca de los avatares sufridos durante el azaroso reinado de su madre.

D. Policarpo Casado, ante la nueva situación política con la que tan afín se sentía, reconsideró su inactividad política presentando su candidatura al Senado por Burgos, a la que le daba derecho su calidad de primer contribuyente de la provincia. Tal vez en esta decisión influyó el hecho, desde luego nada irrelevante, de que otro burgalés, su viejo amigo y compañero de profesión, D. Manuel Alonso Martínez, era el presidente de la comisión encargada de elaborar el nuevo texto constitucional. No creo necesario añadir que las candidaturas monárquico-conservadoras obtuvieron en Burgos una mayoría apabullante y D. Policarpo Casado se convirtió en un nuevo y flamante Senador. Junto con él, por los distintos distritos electorales de Burgos fueron elegidos senadores sus igualmente viejos amigos y colegas: D. Cirilo Álvarez, D. José Revuelta y D. Damián Sedano.

El 30 de junio de 1876 era promulgada por las Cortes la nueva Constitución española, que duraría hasta 1931, año en que cayó nuevamente la Monarquía, para dar paso a la II República española, que tampoco duró mucho, por cierto.

Una vez nombrado senador, no puede decirse que su voz se oyera con frecuencia en la Cámara Alta, pues sus intervenciones personales fueron escasas, limitándose casi siempre a sumar su voto al de la mayoría a la que estaba adscrito. El día 9 de junio, poco antes de que se aceptase el nuevo texto del Artículo 11 que hacía referencia a la libertad de cultos, había intervenido pronunciando un vehemente discurso en el que defendió la unidad religiosa, amenazada por dicho artículo, que propiciaba una cierta tolerancia de cultos. Contra ese texto presentó una enmienda, que finalmente no prosperó, cuyo contenido era el siguiente: “El artículo 11 de dicho proyecto se redactará en esta forma: La religión de la nación española es la católica apostólica romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros, y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra“. Su principal argumentación se basaba en que la unidad de la fe católica en España debía de estar siempre por encima de cualquier conveniencia o razón de Estado, y que el texto presentado por la Cámara conculcaba abiertamente el vigente Concordato con la Santa Sede.

Como miembro de diferentes comisiones, en otras intervenciones tomó la palabra para defender la nueva Ley Hipotecaria, la de Desahucios, la de Cuentas y la de Fueros. Tal vez su ponencia más destacada, por ser la primera vez que se planteaba, fue la de defender la incompatibilidad de los cargos de Diputado o Senador con cualquier otro empleo retribuido, fuese público o privado, siendo su intervención de gran peso a la hora de redactarse el proyecto de ley.

A finales del año 1877 su salud, que ya había sufrido algunos altibajos, empezó a resquebrajarse seriamente, siendo inútiles cuantos intentos hizo la ciencia médica por devolverle su maltrecha salud. Falleció en Madrid el día 4 de diciembre, siendo trasladados sus restos a Burgos, donde recibieron sepultura en el panteón familiar del cementerio municipal, en presencia de sus familiares y amigos, entre los que figuraban nutridas comisiones de todas las Instituciones en las que había participado a lo largo de su prolífica y activa vida profesional.

NOTAS:

Lo más probable es que se refiera a las propiedades que en los términos municipales de Alameda de Gardón y Aldea del Obispo, en la provincia de Salamanca, poseía el Infante D. Carlos María de Borbón, hermano menor de Fernando VII y aspirante a su muerte al trono de España, lo que desencadenó la 1ª Guerra Carlista o Guerra de los Siete Años. El pretendiente había muerto en Trieste el 10 de marzo de 1855.

A principios del año 1834 se crea en Burgos la Audiencia Territorial de las Provincias del Norte, con sede en el edificio de las Cuatro Torres o Palacio de Diego González de Medina, reservándose para los abogados la Sala de la Audiencia, hasta que el 22 de enero de 1887 se inauguró el actual Palacio de la Audiencia, donde se instaló la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos, hasta 1988, en que se trasladó a su actual ubicación

El condado de Salinas tiene su origen en el reinado de D. Enrique IV, que lo creó a favor de D. Diego Gómez Sarmiento y Mendoza, señor de Salinas, en el valle de Añana. 

Paco Blanco, Barcelona octubre 2014

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