LAS LEYES DE BURGOS DE 1512. -Por Francisco Blanco-

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Es casi seguro que Colón, antes de emprender su primer viaje hacia el nuevo mundo, había leído los famosos viajes que el veneciano Marco Polo relata en su “Libro de las cosas maravillosas”, en los que describe las fabulosas riquezas que encontró en Oriente, las maravillas de Catay y el esplendor de la corte del Gran Jan. También es posible que conociera la teoría del cardenal francés Pierre d’Ailly, en la que  afirmaba que la extensión del mar que separaba las costas más occidentales de Europa de las más orientales de Asia podía ser navegada en pocos días, si se hacía con vientos favorables

Lo que sí es cierto que el objetivo del viaje de Colón era montar un próspero tráfico comercial entre los puertos españoles y las ricas ciudades orientales que esperaba encontrar. Cuando desembarcó en la que sería  La Española y se encontró con aquellas tierras prácticamente vírgenes y con unos nativos cuyo aspecto, lengua y forma de vida le eran absolutamente extraños, evidentemente el  Almirante desconocía donde se encontraba. Pero como aquella era una expedición comercial, financiada para obtener rentabilidad, según constaba en Las Capitulaciones de Santa Fe”, e  igualmente, todos los que le habían acompañado  en el viaje esperaban verse recompensados, participando en el reparto de las riquezas encontradas, no tardaría mucho Colón en darse cuenta, en tanto no se pusieran en explotación aquellas tierras, que el negocio estaba en montar un tráfico regular de esclavos con la metrópoli, tal como lo hacían los marinos portugueses con sus colonias africanas.

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De hecho, los indígenas que se trajo en su viaje de regreso fueron vendidos como esclavos en 1495. Una real disposición del 16 de abril del mismo año declaró nula dicha venta, hasta que los reyes fueran aconsejados de “teólogos, letrados y canonistas”.

Puede decirse que con esta disposición se inicia el conflicto jurídico, económico, social y religioso sobre los derechos de los indios americanos y el tratamiento que debían recibir por parte de sus nuevos e inesperados dueños.

Los teólogos se plantearon la cuestión de si aquellas gentes que venían de tan lejanas tierras, tan diferentes desde el punto de vista antropológico, eran capaces de razonar, o eran bárbaros carentes de alma, o bien una especie de híbrido entre hombre y bestia. De su catalogación dependía el que se les pudiera considerar como esclavos o como personas libres.

Los reyes hicieron llegar al Almirante una carta fechada en Medina del Campo, el 22 de julio de 1497, en la que se le autorizaba a repartir tierras entre españoles, con la única condición de que las explotasen durante un periodo mínimo de cuatro años. Naturalmente, para poner en marcha tal medida los nuevos propietarios tuvieron que recurrir a la mano de obra indígena, cosa que hicieron de forma abusiva.

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Pero en 1498, el Almirante, ajeno a estas elucubraciones jurídico-religiosas sobre la naturaleza de los indios, embarcó 300 indígenas rumbo a Sevilla, para que fueran vendidos como esclavos. Este hecho causó la indignación de los reyes, hasta el punto que Doña Isabel exclamó colérica: “¿Qué poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos?.

En realidad, Colón emprendió su segundo viaje en setiembre de 1493 y tal vez no estaba muy al corriente sobre las bulas promulgadas desde Roma por el papa Alejandro VI, acerca de los derechos sobre las nuevas tierras descubiertas. El se atenía, principalmente, a las citadas Capitulaciones de Santa Fe”, cerradas a tres bandas entre los reyes, el propio Colón y D. Luis de Santángel, judío converso de origen aragonés, secretario y hombre de confianza de Don Fernando, que financiaba con su propio dinero el coste de aquella empresa. En ellas se nombraba a Colón Almirante de Castilla, además de Virrey y Gobernador General de todas las tierras conquistadas, con derecho de sucesión para sus herederos. Como compensación económica recibiría un diezmo del valor de todo lo que hallase. También podía ejercer el derecho de arbitraje en todos los pleitos relacionados con la hacienda de sus subordinados.

No es raro que, con tantos privilegios, el Almirante ambicionara el poder y la riqueza para él y para sus descendientes y, en ocasiones, se excediera en sus funciones. Al final de su vida su espíritu visionario le llevó a la convicción de que el Descubrimiento era una inspiración directa de Nuestro Señor Jesucristo a su persona, dejándolo escrito en su Libro de las Profecías”: “Milagro evidentísimo quiso facer Nuestro Señor en esto del viaje a las Indias por me consolar a mí y a otros con estotro de la Casa Santa”.

En “Las Bulas Alejandrinas” Alejandro VI, de la familia valenciana de los Borja, concedía a los Reyes Católicos el derecho y la autoridad para incorporar  su dominio sobre todos los territorios descubiertos y por descubrir, pero les obligaba a la evangelización de sus habitantes. El arbitrio de Roma zanjaba la cuestión sobre la esclavización de los indios americanos.

El 20 de junio de 1500 los reyes expidieron la “Real Cédula” por la que declaraban libres a los indígenas vendidos en Andalucía, disponiendo también el regreso a sus tierras en la flota de D. Francisco de Bobadilla, a quien habían nombrado  nuevo Gobernador.

A pesar de las buenas intenciones de los reyes y de sus disposiciones, los abusos de todo tipo cometidos por los conquistadores en las llamadas Encomiendas, sobre la población indígena, fueron inevitables y frecuentes.

La Encomienda se basaba en el trabajo personal y forzoso del nativo, sin límite de jornada, ni limitaciones en función de la edad, el sexo o la condición social, ni, por supuesto, percepción de salario alguno. Los encomendaderos eran todos españoles nombrados por el gobernador en nombre de los reyes, que tomaban a su cargo un determinado núcleo de población, a la que podían obligar a trabajar o a tributar. A cambio, estaban obligados a darles instrucción cristiana, alimentarles y protegerles. De toda esta explotación la Corona recibía un impuesto anual por cada indio encomendado.

La evidente incapacidad del Almirante para la gobernación y administración de los territorios conquistados llevó a los monarcas a tomar la decisión de relevarle de sus cargos. Para ello, el 16 de setiembre de 1501 nombraron para sustituirle a D. Nicolás de Ovando, entregándole, junto con su nombramiento, un nuevo plan para la colonización de las Indias, en el que se trataba de conjugar la evangelización de los indios-cosa que se consideraba prioritaria-y la forma en que como personas debían de ser tratados, con su utilización como mano de obra barata para la explotación de las riquezas de aquellas tierras, de cuyo monto la Corona percibía la undécima parte: “…..e porque para coger oro e facer las otras labores que Nos mandamos facer será necesario aprovecharnos del servicio de los indios, compelir que los eis que trabasen en las cosas de Nuestro servicio, pagando a cada uno el salario que xustamente vos pareciere que debieren de aber sygund la calidad de la tierra”.

Este nuevo plan también fracasó. A los indios no les gustaba trabajar ni en las minas ni en el campo. A  pesar del salario, preferían no trabajar sino estaban obligados.

Para remediar este nuevo fracaso se tuvo que recurrir, en el año 1503, a “La Cédula de Medina del Campo”, que restablecía la obligatoriedad del trabajo de los indios. Igualmente, se les obligaba a abrazar la fe cristiana como única verdadera. Naturalmente, dicha cédula constituía una autentica carta blanca para continuar con la explotación abusiva de los encomendaderos sobre los indígenas a su cargo.

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Las primeras denuncias contra los abusos que el sistema de encomiendas provocaba se produjeron con la llegada a La Española, a principios de 1511, de fray Pedro de Córdoba y tres dominicos más. Fray Pedro de Córdoba, en una extensa carta dirigida al rey Fernando, le expone su perplejidad por el mal estado en que se encuentra la isla, así como de los abusos y malos tratos a que están sometidos los indios.

El último domingo de Adviento del mismo año, el dominico fray Antonio de Montesinos, que había llegado con fray Pedro, desde el púlpito de una iglesia de La Española, en presencia del gobernador, los oficiales reales y las principales autoridades de la isla, lanza un terrible anatema contra los encomendaderos españoles, acusándoles de cometer graves pecados contra los indios. Entre éstos  figuraba  fray Bartolomé de las Casas, otro fraile dominico que había llegado en el año 1502, quién poco después se convertiría en acérrimo defensor de los indios.

El sermón, del que se declararon coautores la comunidad de dominicos en pleno, causó un gran impacto en la buena sociedad española de la isla. El propio gobernador, D. Diego Colón, hijo del Almirante, protestó ante el prior de la congregación, fray Pedro de Córdoba, exigiendo una rectificación pública de las acusaciones de Montesinos. Pero en lugar de rectificar, en el sermón del domingo siguiente, con la iglesia abarrotada de fieles esperando una reparación, el mismo predicador, con el mismo tono amenazador, volvió a insistir en el tema de los malos tratos, llegando a amenazar a los encomendaderos con negarles la absolución si persistían en su conducta.

La postura de los dominicos provocó que D. Diego Colón acudiera a la mediación del propio rey. En su respuesta, el monarca, mediante carta fechada el 20 de marzo de 1512, autorizaba al gobernador a imponer a los dominicos el castigo que considerara oportuno, “porque un yerro fuer muy grande”. Es decir, que el rey condenaba la actitud de los dominicos. Incluso el Provincial de los dominicos en España, fray Alonso de Loaysa, recriminó, mediante carta, a sus compañeros de la isla las denuncias que habían lanzado, llegando a amenazarles con su expulsión de la Orden.

Pero los dominicos de La Española no se arredraron ante las amenazas, sino que decidieron enviar al propio Montesinos, en compañía del franciscano fray Alonso del Espinal, para exponer personalmente en la Corte sus argumentos.

Los dos frailes se entrevistaron con el rey Fernando en la ciudad de Burgos, y le transmitieron su exposición sobre lo que verdaderamente estaba ocurriendo en La Española. A raíz de esta entrevista el monarca asumió un criterio reformador, encaminado a modificar y mejorar la situación de los indios, para lo cual decidió convocar una Junta de teólogos y letrados, con el fin de que estudiaran el asunto, emitieran su dictamen y tomaran las medidas necesarias y oportunas.

Dicha Junta se reunió en Burgos, el mismo año de 1512. La presidió el entonces obispo de Palencia, Juan Rodríguez de Fonseca, encargado de los asuntos de Indias. Estuvo integrada por los juriconsultos y teólogos más importantes del reino, entre los que cabe destacar a Juan López de Palacios Rubios, “doctísimo en su facultad de jurista”; los dominicos Tomás Durán, Pedro de Covarrubias, el profesor de Salamanca, Matías de Paz, el gran predicador Bernardo de Mesa, y el predicador real, licenciado Gregorio.

Pronto se pusieron de acuerdo en la necesidad de someter a los indios al dominio de los españoles, aunque no dejaron de surgir posturas contrarias, en especial sobre los medios a utilizar. Para el licenciado Gregorio el indio debía de ser sometido a servidumbre y ser regido “virga férrea”, pues los aborígenes no se diferenciaban apenas de un animal. Fray Bernardo de Mesa, más conciliador, opinaba que los indios eran libres, pero necesitaban la tutela protectora de los españoles. Fray Matías de Paz, por el contrario, defendía la absoluta libertad de los indígenas.

La tesis de Matías de Paz fue defendida y ampliada años después por el jurista burgalés Francisco de Vitoria, que ya estaba trabajando en lo que posteriormente sería su gran obra: “El Derecho de Gentes”.

Después de largas deliberaciones y de escuchar a cuantos testigos quisieron comparecer, los miembros de la Junta decidieron elevar al monarca siete proposiciones de carácter moral, sobre las que se debían asentar las relaciones de los españoles con los indios, a fin de conseguir la evangelización y la civilización de los mismos. Fueron las siguientes:

1ª/ Los indígenas eran libres, y como tal debían ser tratados.

2ª/ Era preciso adoctrinarlos en la religión católica, “Como el Papa manda en su bula” y la Corona de Castilla estaba obligada a hacerlo, poniendo los medios necesarios.

3ª/ Era lícito obligar a los indios a trabajar, siempre que no impidiera el aprendizaje de los principios religiosos y sea “provechoso a ellos y a la república”.

4ª/ Que el trabajo que se les encomendara no fuera excesivo y tuvieran tiempo de descanso.

5ª/ Los indios tenían derecho a poseer casa y hacienda, siendo el tamaño de ésta a criterio de los gobernantes, así como tiempo suficiente para llevarla.

6ª/ Fomentar al máximo la relación de los indios con los españoles, a fin de ser más fácilmente instruidos.

7ª/ Que se pagará el salario correspondiente por su trabajo, pero no en dinero, sino en ropas, utensilios y útiles para sus casas y haciendas.

A partir de estas siete proposiciones se elaboraron las llamadas “Leyes de Burgos”, promulgadas el 27 de diciembre de 1512, conjunto de normas “para el buen regimiento y tratamiento de los indios”, que constituyen el punto de partida de las sucesivas “Leyes Indianas”.

No obstante, estas nuevas ordenanzas no convencieron a fray Pedro de Córdoba y su comunidad de dominicos, por lo que el mismo prior decidió trasladarse a Valladolid, a entrevistarse personalmente con el rey. Después de largas conversaciones, el rey se convenció de la necesidad de efectuar una nueva reforma de las citadas leyes.

Con este objetivo se convocó un nueva Junta, esta vez en Valladolid, presidida de nuevo por el obispo Fonseca, que pronto sería nombrado Obispo de Burgos.

De las deliberaciones de la Junta nacieron las “Leyes de Valladolid”, promulgadas el 28 de Julio de 1513.

NOTA FINAL

El texto de este artículo está basado principalmente en la obra “Leyes de Burgos de 1512 y Leyes de Valladolid de 1513”, editada por: “FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL” (Burgos, 1991).

Paco Blanco

La Pobla de Lillet/Barcelona (agosto-noviembre 2009)

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