AÑO 1970: EL PROCESO O JUICIO DE BURGOS

El llamado PROCESO DE BURGOS fue el juicio sumarísimo -Consejo de Guerra- que juzgó en 1970 a dieciseis personas, acusadas -entre otros delitos- de pertenecer a la Organización terrorista E.T.A. Cuando comenzó la vista del Sumario 31/69 hacía ya tiempo que los medios informativos, tanto nacionales como internacionales, venían interesándose por la noticia.

La Presidencia del Gobierno, y en concreto, la Secretaría General Técnica de la misma, elaboró ese mismo año 1970 un pequeño expediente que recogía algunos documentos del Ministerio de Información y Turismo y otras procedencias. Dicho expediente se conserva en el Archivo Central del Ministerio de Presidencia (en adelante A.P.G., por ser las siglas de Archivo de Presidencia del Gobierno). (En 1993 dicho Ministerio se llamaba de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno). Los papeles citados se guardan en el legajo nº 4 de la Serie «E» -en su momento se clasificó como «Serie Especial»- y ofrecen un indudable interés como complemento a la información que ya se ha manejado sobre el asunto en consideración.

También se conservan los Borradores de las Actas de los Consejos de Ministros que muestran la postura de los miembros del Gobierno ante la utilización de la jurisdicción militar, o sus opiniones sobre la gravedad de la sentencia y la conveniencia del indulto. Los Borradores de actas se conservan en el mismo Archivo, en la Sección del Consejo de Ministros -C.M.-, Serie del Secretariado del Gobierno -S.G.-.

Trascendencia del juicio   

Los hechos juzgados eran un ataque al régimen totalitario del General Franco, y por eso el juicio suscitó tanto interés. Aunque no faltaron voces que pidieron un juicio civil para juzgar delitos civiles, al final fue la justicia militar la encargada , con un Consejo de Guerra. LLamaba además la atención la cantidad de encausados, dieciseis, así como las penas solicitadas: seis penas de muerte y 752 años de cárcel.

La Organización ETA supo aprovechar el juicio políticamente y, al secuestrar al Cónsul honorario alemán, atrajo aún más la atención internacional. El hecho de que la prensa extranjera democrática no fuese muy partidaria del régimen autoritario motivó la falta de rechazo mayoritario del asesinato del Comisario Melitón Manzanas, conocido por sus durísimos interrogatorios en los que no se respetaban los derechos de los detenidos.

Otra de las razones de la notoriedad del juicio fue la la intervención de altas jerarquías eclesiásticas en él. Por un lado, la presencia de dos sacerdotes entre los encausados hizo que la Iglesia se presentase como parte interesada; por otro, la Iglesia vasca tenía entre sus miembros a muchos simpatizantes de las organizaciones opuestas al Régimen.

Por último las penas impuestas en la durísima sentencia, que superaba las peticiones del fiscal, terminaron polarizando la atención sobre Burgos, creando una opinión contraria a las penas de muerte y favorable al indulto para los encausados.

Antecedentes 

El Tribunal militar iba a juzgar a 16 militantes de la Organización terrorista E.T.A. Se les acusaba de haber cometido una serie de delitos, a raiz de los cuales habían resultado muertas tres personas: el Jefe de la Brigada de Investigación de San Sebastián (policía política o secreta) Melitón Manzanas González, el Guardia Civil José Pardines Azcay y el taxista Fermín Monasterio Pérez, y que les habían reportado un botín de más de 30 millones de pesetas.

Los hechos juzgados se remontaban al año 1968, cuando murieron en sendos enfrentamientos armados el militante de ETA Francisco Javier Echevarrieta y el Guardia Civil José Pardines Azcay. A raíz de estas muertes, se extremarían las posturas de ambos lados. Poco después -el 2 de agosto- sería asesinado el policía Melitón Manzanas, en atentado reivindicado por la ETA: «…La ejecución del policía Manzanas es un importante paso adelante en nuestra lucha revolucionaria y adquiere valor el situarlo dentro de esta lucha…»

Al día siguiente sería declarado el Estado de Excepción por tres meses en la provincia de Guipúzcoa, restableciéndose además, el 16 de agosto, el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, útil instrumento para la represión de las actividades políticas, y que había sido parcialmente derogado hacía cinco años. Mediante la aplicación de este Decreto algunos delitos civiles pasaban a depender de la jurisdicción militar.

El año 1969 comenzó con movilizaciones obreras, desórdenes estudiantiles en las Universidades de Barcelona y Madrid, y la muerte del estudiante Enrique Ruano cuando se hallaba detenido por la policía. En el mes de enero fue declarado el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, regulándose por ejemplo el «Régimen de censura a que quedan sometidas las publicaciones que se editen en el territorio nacional». Esta situación perduraría hasta el 24 de marzo.

Pero en 1969 también tuvieron lugar otros hechos mucho más destacados. Juan Carlos de Borbón fue designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado a título de Rey; estalló el escándalo financiero Matesa, provocado por una de las facciones del propio Régimen, que buscó así y consiguió un profundo reajuste ministerial, siendo sustituidos 13 de los 18 Ministros. En este Gabinete, llamado «Gobierno monocolor», habría mayoría -once miembros- relacionados en mayor o menor medida con el Opus Dei.

1969 terminó para el País vasco con un saldo de 1.953 detenidos y 300 personas que se vieron obligadas a exiliarse. El Tribunal de Orden Público había condenado con 223 años de cárcel a 93 militantes de partidos políticos ilegales, y se habían realizado dos Consejos de Guerra, uno de ellos sentenciado con una pena de muerte, aunque conmutada en último momento.

En 1970 mientras que la actividad del nuevo Gobierno fructificó con la aprobación, entre otras disposiciones, de la Ley General de Educación, la firma del Acuerdo Comercial Preferencial entre España y la CEE, o los Acuerdos de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos, la tensión social, laboral y política iba en aumento. Hay que destacar en este sentido los conflictos laborales de Asturias -encierros de «bandas»-, o paros y huelgas en las cuencas mineras, de empleados de banca, en la construcción, en las Universidades o el Metro de Madrid. En total, se llevaron a cabo más de 1.500 huelgas, con más de 400.000 huelguistas en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla o Granada. En esta última ciudad tres trabajadores de la construcción perderían la vida al disolver la policía una manifestación.

Durante el Congreso de la Abogacía española celebrado en León, se leyó un comunicado de los presos vascos y se aprobaron, entre otras materias, las peticiones de amnistía, desaparición de las jurisdicciones especiales, y la abolición de la pena de muerte.

Mientras, en la prensa tenía lugar un debate político entre José María de Areilza -de tono liberal- y Ginés de Buitrago -que se ha interpretado como un pseudónimo del entonces Vicepresidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco-.

Un suceso en el Frontón Anoeta de San Sebastián también contribuiría a llamar la atención sobre el País Vasco. El día 19 de septiembre, y con motivo de la celebración de la apertura de los Campeonatos Mundiales de Pelota, un nacionalista vasco, Joseba Elósegui, prendió fuego a su ropa y se arrojó en llamas desde las gradas para protestar ante Franco, allí presente. La rápida intervención del servicio de seguridad impidió que Elósegui perdiese la vida y que nadie más resultase herido de gravedad.

Inicio del juicio

El día 2 de diciembre ETA secuestró al Cónsul honorario de Alemania Federal en España, Eugenio Beihl Shaeffer, logrando así la internacionalización de sus acciones, así como una posible presión económica de Alemania Federal.

Además de la detención, el 26 de noviembre, de 19 destacados dirigentes de la oposición en un piso de la Avenida del Mediterráneo (entre ellos se encontraban Enrique Tierno Galván, Nicolás Sartorius, o Pablo Castellano), el entonces ilegal Partido Comunista anunció una jornada de lucha. Esta convocatoria se vería acompañada de otras semejantes por parte de las organizaciones de izquierda, así como la que aparecería en la publicación clandestina «Gudari», editada por el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de Euskadi en el exilio, provocando una oleada de protestas que continuarían los días siguientes.

El 4 de diciembre el Ministro de la Gobernación Garicano Goñi solicitó en el Consejo de Ministros la aprobación de la declaración del Estado de Excepción en el País vasco, Decreto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 5, y mediante el cual se dejaban en suspenso los artículos 14, 15, 16 y 18 del fuero de los Españoles.

Los días 6 y 7, tras las denuncias de los acusados de haber sido torturados -declaraciones que los medios informativos extranjeros recogen en lugar destacado-, las manifestaciones se sucedieron de nuevo, con paralización de Universidades, y huelgas en Bilbao y San Sebastián. Diversas personalidades de la política y representantes de la Iglesia comenzaron a enviar al Jefe del Estado peticiones de moderación. Entre ellas cabe citar las de la Conferencia Episcopal Española, los Arzobispos de Munich y Caracas, el Papa, o las Centrales Sindicales Italianas.

Mientras, en la sala donde se celebraba el Consejo de Guerra continuaban las declaraciones de los acusados. El lunes, día 7, se suspendió la vista, al ponerse enfermo el vocal ponente, Capitán Auditor Troncoso. Algunos hablaron de «enfermedad diplomática», ya que la suspensión del juicio podía servir para dar tiempo al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la legalidad del Propio Consejo de Guerra, o para que el Presidente del Tribunal militar, Coronel Ordovás González, recibiera instrucciones y evitara más declaraciones sobre torturas.

Este mismo día, en rueda de prensa celebrada con la asistencia de los abogados Solé Barberá, Bandrés y Peces Barba, se anunció que se iban a emprender acciones legales contra las informaciones de Televisión que no habían respetado la presunción de inocencia de uno de los acusados, Izco de la Iglesia.

El juicio se reanudó el día 8, día en el que falleció el estudiante Roberto Pérez Jáuregui, que había resultado herido el día 4 en una manifestación en Eibar. Este mismo día dimitió de su puesto el redactor adjunto de ABC, Guillermo Luis Díaz Plaja, en desacuerdo con la manipulación de la información que hace el diario en el que trabajaba.

El 9 se produjo un incidente protagonizado por el procesado Mario Onaindía, que comenzó a gritar «Gora Euskadi Askatuta» al tiempo que se acercaba al estrado. El ponente y otros militares se levantaron de sus asientos desenvainando los sables, mientras los demás acusados y parte del público coreaban el canto «Eusko Gudariak Gera». La tensión continuó durante varios minutos, hasta que el Presidente mandó desalojar la sala. La sesión continuó a puerta cerrada, quedando el juicio visto para sentencia el mismo día 9.

Medios informativos nacionales y extranjeros.  

Desde ese día hasta el 28, fecha de la sentencia, se sucedieron en España y Europa los manifiestos, comunicados y actos de solidaridad con los encausados, o de adhesión al Régimen de Franco. Las peticiones que recibiría éste serían en general de clemencia, aunque no faltaron los partidarios de aplicar mano dura.

Las informaciones y editoriales a favor de los encausados (mayoritarias, aunque no unánimes en la Prensa y Gobiernos europeos) incluyeron el apoyo de intelectuales o las noticias sobre manifestaciones en París, Hamburgo, Berlín, Berna, Nápoles, Milán o Roma. En nombre de sus respectivos Gobiernos, Pompidou y el Embajador de Italia enviaron sendas peticiones de clemencia. También intervinieron destacados artistas españoles, como Pablo Casals, Rafael Alberti, o Pablo Picasso -que se negó a la inauguración del museo que llevaría su nombre en Barcelona-.

En nuestro país se sucedieron de nuevo las manifestaciones, así como el encierro de 300 intelectuales y artistas en el monasterio de Montserrat. El día 12 la agencia Cifra informó que sólo en San Sebastián habían sido detenidas 200 personas desde la declaración del Estado de Excepción. El día 14 de diciembre el Consejo de Ministros decretó, para todo el país, la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles: «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial». Este Consejo de Ministros extraordinario fue convocado con ese tema exclusivo, y con la ausencia de dos destacados miembros del Gobierno: López Bravo y López Rodó.

Pero también hubo manifestaciones a favor del Gobierno. En nuestro país fueron numerosos los editoriales aparecidos en la mayoría de las publicaciones, así como la información ofrecida en Radio y Televisión. Por otro lado hay que citar las manifestaciones de adhesión al Régimen que se sucedieron por toda la geografía peninsular, desde la ciudad de Burgos, hasta Madrid. En ésta, celebrada el 17 de diciembre tras un funeral oficiado en la iglesia del Monasterio de la Encarnación, participaron entre 100.000 y 500.000 personas, según las fuentes. La Prensa internacional informó detalladamente sobre ello, resaltando su importancia. En el archivo citado se guarda una nota en la que se anima a la prensa a tratar el tema de la convocatoria a dichas manifestaciones. 

Franco acudió a mostrar su agradecimiento a los miles de manifestantes y en su corto discurso, dijo, entre otras cosas: «Porque tenemos un Estado de Derecho, nuestra Constitución y nuestras Leyes Institucionales completas, tenemos una solución para todos los problemas». El día siguiente el Vicepresidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco, pronunció, en el Consejo de Ministros, una pequeña alocución en la que ensalzaba tanto la labor realizada como la figura del Caudillo. Asímismo recordaba la adhesión demostrada por el pueblo en la Plaza de Oriente. El día 21, ante las Cortes, de nuevo pronunció un discurso, haciendo hincapié en la guerra subversiva que había que combatir con todas las fuerzas disponibles.

 

El Ejército

Durante los largos días que transcurrieron entre el fin de la Vista y la fecha de la Sentencia, los medios de comunicación europeos insistieron en informaciones relativas a la salud de Franco y a posibles desavenencias internas en el Gobierno, que explicarían la demora en el fallo. En efecto, basándose en una pancarta de la Plaza de Oriente, en la que se leía «Del Opus líbranos Señor», algunos corresponsales quisieron ver lo que llamarían «lucha entre halcones y palomas en el Gobierno», refiriéndose a una posible pugna por el poder entreFalangistas y miembros del Opus, un enfrentamiento que se reflejaba también en la oposición de estos últimos a las penas de muerte que pedían los primeros.

Por otra parte, tampoco faltaron las informaciones relativas a presiones dentro del propio Ejército -Herald tribune, Le Figaro-. Según éstos, por un lado estarían los militares que no veían con buenos ojos el hecho de que fuese el Ejército el encargado de juzgar hechos civiles tan graves. Entre ellos se citaba al Capitán General de la VI Región Militar, Tomás García Rebull. Por otro, estaría un sector «duro», representado por personas como el General Fernández de Córdoba o el Capitán General de Cataluña, Pérez Viñeta -que pidió mano dura a Franco-. Este sector incluso habría pretendido un Gobierno de concentración presidido por el Teniente General Díez Alegría, entonces Jefe del Alto Estado mayor del Ejército. Varias informaciones hicieron asímismo referencia a reuniones de Oficiales de Caballería en Carabanchel.

Estas tensiones en el Ejército, si realmente existieron, fueron dominadas y solucionadas con algunos ascensos como el nombramiento de García Rebull como Capitán General de la I región Militar, o el de Carlos Iniesta Cano como Director de la Guardia Civil.

Postura de la Iglesia.

Ya se ha dicho anteriormente que dos de los encausados en el proceso eran sacerdotes, más concretamente Julián Calzada Ugalde y Juan Echave Garitacelaya. Se ha citado también la simpatía de una parte importante del clero vasco hacia las organizaciones opositoras al Régimen. Sin embargo, el papel de esta institución va más allá de la simple solidaridad. Además de prestar locales para reuniones y encierros, se redactaron cartas pastorales para su lectura como homilías. La que quizá tuvo más repercusiones fue la que se dio a conocer el 22 de noviembre, firmada conjuntamente por el Obispo de San Sebastián Jacinto Argaya, y el Administrador Apostólico de Bilbao, José María Cirarda.

En ella se afirmaba que «..De acuerdo con nuestros dos sacerdotes … interesados, pedimos que la audiencia fuera pública.. Nos hemos dirigido una y otra vez a S.E. el Jefe del Estado y a su Gobierno pidiendo que este juicio se celebre ante los Tribunales ordinarios y no ante un Consejo de Guerra….. Pedimos solamente que la justicia se administre por los Tribunales ordinarios… Hemos pedido, en fin, sea cual fuere el modo del juicio, la conmutación de la pena de muerte, si alguna fuere sentenciada… para que no se derrame ni una gota más en nuestras diócesis, ni en actos de violencia ni por efectos de sentencias judiciales… Reiteramos nuestra condenación de toda clase de violencias, las estructurales, las subversivas o las represivas. Identificados con el magisterio del Papa Pablo VI, tan claro, terminante e insistente en esta materia…»

El Ministerio de Justicia contestó con otra carta en la que defendía la legalidad del Consejo de Guerra, así como la plena vigencia de los Decretos que citan los Obispos. En el A.P.G. Existe un informe sobre aspectos jurídicos, políticos y contenido ideológico de la Carta Pastoral. En él se llega a afirmar que«…Estimamos que debe exigirse de los medios de comunicación que hagan la divulgación de la carta, la adición de una nota oficial aclaratoria».

Una tercera nota redactada por los abogados defensores, y en la que rebatían a su vez las tesis esgrimidas por el Ministerio de Justicia -a cuyo frente se hallaba Antonio María de Oriol y Urquijo- no fue publicada por la prensa. En ella, los abogados acusaban: «…Uno de los argumentos de la defensa, expuesto en sus escritos, es la impugnación de la validez del Decreto de 21 de septiembre de 1960, por considerarlo anticonstitucional. La afirmación de la nota ministerial del pleno vigor de esa disposición es un hecho grave que interfiere sobre la resolución del Consejo de Guerra…Los letrados que suscriben lamentan esta intervención del poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia…» 

La prensa no publicó esta carta de los abogados defensores, pero sí difundió editoriales atacando con dureza la carta pastoral. También aparecieron otras noticias en contra, como las conclusiones de la Asamblea Provincial de Alféreces provisionales, en la que «…se rechaza el contenido de la carta, lamentable, de los obispos…»

Además de esta pastoral se leyeron otras homilías en las iglesias vascas con un contenido también favorable a los encausados en el proceso. Durante el secuestro, no faltó tampoco una nota firmada por el Obispo de San Sebastián, pidiendo la liberación de Eugenio Beihl. La Conferencia Episcopal Española apoyaba las manifestaciones de los Obispos vascos

Intervención del Ministerio de Información y Turismo.

Como ya se ha podido demostrar, la presencia en el A.P.G. de algunos documentos -uno de ellos reservado- demuestra que el Ministerio de Información y Turismo desempeñó una labor destacada para conseguir que la información que facilitaron los medios de comunicación nacionales, fuese la «adecuada», mientras que se intentaban matizar las noticias ofrecidas por los medios extranjeros.

Buen ejemplo de esta manipulación de la información es el documento que en los primeros días del mes de noviembre, el Jefe del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Prensa envió al Subdirector de Prensa. Este documento está clasificado como «reservado». Presenta un encabezamiento en el que se puede leer: «Anteproyecto de campaña de actuación sobre el asunto Operación Burgos. Máxima tensión: 20-XI-70».

También se conserva una nota, y que ya se ha citado anteriormente, sin fecha ni firma, que parece ser un guión de noticia dirigida a las agencias informativas. Su contenido se refiere a la convocatoria de manifestación en la Plaza de Oriente, y la recomendación de su difusión a través de la prensa para garantizar que la participación sea masiva.

No está de más recordar lo que algunos periódicos europeos llamaron susceptibilidad del Ministro Sánchez Bella. Éste, tras un viaje en el que visitó Francia, acusó a los medios informativos franceses de campaña de prensa contra España. El 23 de diciembre la O.R.T.F. mantuvo una pequeña controversia con el Ministro español de Información y Turismo, a raíz de unas declaraciones de éste sobre el tema citado, pero que la O.R.T.F. no hizo públicas íntegramente. Algunos periódicos españoles acusaron a la Radio-televisión francesa de censurar las palabras del Ministro español. Hay que decir que, paradójicamente, lo que sí se conserva en el A.P.G. es un ejemplar del diario Informaciones con los párrafos que informan sobre este asunto tachados con gruesa tinta negra, para su censura.

Fin del secuestro. Sentencia. Indulto.

El día 25 de diciembre ETA liberaba al Cónsul honorario secuestrado. La tarde del 28 se daba a conocer la sentencia del Consejo de Guerra: nueve penas de muerte y más de quinientos años de cárcel. La prensa nacional publicaba, junto a la sentencia, editoriales en las que en muchos casos se pedía clemencia.

El día 29 se reunió el Consejo del Reino. El día 30 lo hizo el Consejo de Ministros en el Pardo, decidiéndose por unanimidad conceder el indulto de todas las penas de muerte. El borrador del acta que recoge esta decisión es de gran interés, al quedar recogidas en ella las opiniones de algunos miembros del Gobierno. Son destacables las palabras de Torcuato Fernández Miranda, que cita a Cicerón y a San agustín para defender su postura favorable al indulto.

Consecuencias del Proceso de Burgos.

Con este juicio, con el que se pretendía dar un golpe mortal a la Organización terrorista ETA, lo que se consiguió fue precisamente lo contrario. El Gobierno se mostró débil, mientras que ETA aprovechó la ocasión y utilizó el error que suponía agrupar a tantos acusados y tantos delitos, sin distinguir los de sangre de los puramente políticos. Una organización con muy poco tiempo de vida que se hallaba en aquellos momentos dividida a raíz de la «VI Asamblea» se encontró con una extraordinaria publicidad nacional e internacional de la que salió fortalecida.

Por otro lado, como en el juicio se permitió a los acusados declarar sobre las torturas a las que afirmaban haber sido sometidos por parte de la policía, malos tratos que llegaron a describir detalladamente, el proceso se volvió contra el propio Régimen, algo que los abogados supieron utilizar para sus defensas.

El Régimen de Franco acababa de firmar un Acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea, entre otras cosas porque España había alcanzado unas cotas de progreso económico-social suficientes para ello. Sin embargo, este mismo Régimen impedía sistemáticamente la evolución política hacia formas más modernas y democráticas, -ni siquiera las que preconizaba Areilza en sus debates con Ginés de Buitrago-.

No resulta descabellado pensar en posibles presiones económicas de países como la República Federal Alemania -directamente afectada por el secuestro del súbdito alemán Eugenio Beihl- para que el régimen suavizase su postura. El propio Franco, en el discurso de fin de año en el que anunció la concesión del indulto, reconoció que las manifestaciones de adhesión a su persona le habían servido para sentirse respaldado y poder actuar con clemencia. Algo lógico, si se recuerda que esas manifestaciones estaban alentadas -si no organizadas- por el propio Gobierno.

El Proceso de Burgos puso a prueba a este último, así como a la Iglesia, y al Ejército . La Iglesia, dividida en posturas opuestas, vio surgir una corriente aperturista, que se fortaleció en su confrontación con el Gobierno. El Ejército se limitó a aplicar la ley con dureza, imponiendo condenas más rigurosas que las solicitadas. Por su parte, el Gobierno realizó un considerable esfuerzo para contrarrestar las fuertes corrientes de opinión, sin permitir su libre expresión. Pocos meses después endurecería aún más sus planteamientos, reformando la Ley de Orden Público.

Epílogo .

La consulta de los fondos del Archivo de Presidencia de Gobierno permitió en 1993 profundizar más en esta parte de la historia reciente de España, al disponer de nueva documentación.

El estudio de este expediente, exclusivo sobre el Proceso de Burgos– y más concretamente el análisis de los documentos, de su naturaleza y de su contenido permite extraer algunas conclusiones. Queda demostrado cómo actuaba el Ejectuvio con acciones como la «Campaña Operación Burgos», o la utilización de la convocatoria de manifestación en beneficio propio. También pone en evidencia la existencia de varios motivos de preocupación para aquel Régimen que envejecía: el nacimiento de una organización dispuesta a matar para conseguir sus objetivos; la presencia de una oposición muy organizada (sobre todo el partido Comunista y los Sindicatos) que convocaba paros y protestas de contenido más político que laboral y que una gran parte de los trabajadores secundaba; la movilización de las Universidades; la postura opuesta de la Iglesia Vasca y parte de la española; la opinión internacional una vez más en contra.

No eran sin embargo heridas de muerte las que afectaban al Régimen de Franco en 1970. El mundo todavía tendría que esperar ocho largos años para ver cómo se conseguía en España, y de forma pacífica, una Constitución democrática para todos.

EN LA IMAGEN UN GRUPO DE ABOGADOS QUE INTERVINO EN EL JUICIO

-Este documento está realizado a partir de la comunicación que se presentó en el Congreso Internacional «El Régimen de Franco (1936-1975). Política y Relaciones Exteriores», organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED en Madrid, del 11 a 14 de mayo de 1993.

– Puedes ver un documental sobre el proceso